Bolivia: El despojo de un sueño (Parte II)

Segunda Parte

 

El despojo detrás de un “sueño”

El proyecto hidroeléctrico Rositas como ejemplo de la ocupación capitalista de los territorios en Bolivia

 

Por Claudia Cuellar Suárez y Huáscar Salazar Lohman

 

La crítíca ha sido una herramienta de los pueblos en su proceso de liberación. La crítica y la auto crítica son motores de la revolución que no deben limitarse mientras apunten a comprender la realidad que soñamos transformar. Con la segunda parte del artículo de la investigadora boliviana Claudia Cuellar Suárez y del investigador boliviano Huáscar Salazar Lohman, buscamos abrir un debate crítico y desde abajo sobre los gobiernos progresistas de la región.


 

 

 

Un tercer rasgo fundamental de estos procesos de despojo es la dimensión anti-comunitaria inherente a la consolidación del Estado Plurinacional. En el transcurso histórico de la formación de lo que hoy es Bolivia, fueron las organizaciones comunitarias las que limitaron el despojo para así defender sus condiciones materiales y simbólicas de reproducción social. Es así, que en el caso específico de Rositas, la posibilidad de llevar adelante el proyecto solo es posible a partir de una permanente agresión a las comunidades y a sus formas organizativas, además es importante  considerar que en la mayoría de los casos esta agresión y violencia ha sido resentida principalmente por las mujeres de las comunidades, quienes son las que cotidianamente tienden a gestionar la reproducción de la vida, cuidar las condiciones que la permiten y organizarse en su defensa, por lo que se ven directamente enfrentadas a los intereses de los megaproyectos. Y es por este mismo motivo que también son las mujeres quienes han asumido el lugar central de estas luchas y resistencias, esto pasa en Rositas, al igual que  en otros territorios.

Nos interesa profundizar sobre este último rasgo, ya que es ahí donde se devela el efecto inmediato y la consecuente agresión que acompaña la implementación de estos proyectos, pero al mismo tiempo –desde una práctica y lucha cotidiana por el territorio– donde emerge la resistencia. Lo que sigue a continuación no es un intento por describir todas las luchas que se viven en las comunidades que resisten a este proyecto, sino es una interpretación de lo que durante los últimos meses ha estado sucediendo en Rositas, lo que permite evidenciar una dinámica estatal de hostigamiento a las comunidades, a la vez que el gobierno se empecina en eliminar y desprestigiar toda fuente de resistencia.

En el caso del Proyecto Rositas, como sucede con los otros proyectos de despojo en el país, el estado viene promoviendo la acumulación a través del acorralamiento y la desarticulación de las formas, prácticas y sentidos comunitarios que se gestan en lo cotidiano; intentando, además, subordinar a las organizaciones supra-comunitarias  como la CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, etc., de tal manera que operen como mecanismos paraestatales de gestión de los intereses dominantes, lo que ha generado profundas contradicciones en la mayoría de éstas.

Lo anterior se evidenció de manera concreta en la ejecución del Proyecto Rositas durante los últimos meses, cuando las comunidades afectadas presentaron una acción legal de defensa de su territorio frente al proceso de implementación de la represa, lo que implicó una agresiva respuesta del gobierno, que devela los mecanismos jurídicos, discursivos y de hostigamiento -que se encuentran por detrás del despojo-  y fueron operados desde el estado frente a toda interpelación que cuestionase el proceso de implementación del proyecto.

Retardación e intimidación. El jueves 29 de marzo de 2018, representantes de las comunidades de Yumao y Tatarenda Nuevo, del municipio de Gutiérrez en el departamento de Santa Cruz, viajaron a Cochabamba para interponer una demanda de Acción Popular contra ENDE, al ser esta empresa la encargada de gestionar el proyecto. En primera instancia la demanda fue admitida, por lo que durante 24 horas se paralizaron las acciones del proyecto en el territorio. Sin embargo, luego de un cuarto intermedio de la audiencia –en la que el juez se reunió con seis abogados de ENDE–  éste se declaró incompetente. A raíz de lo anterior, la demanda fue remitida a la ciudad de Camiri (Departamento de Santa Cruz) para su tratamiento con el Juez Ernesto Velarde, quien también se declaró incompetente -y lo hizo sin convocar a las partes interesadas-. Así pues, la demanda nuevamente fue derivada, esta vez al juzgado del municipio de Lagunillas. Luego de casi dos semanas de esta desgastante dinámica, la Acción fue admitida finalmente el 13 de abril. En este proceso, todo el andamiaje institucional –político y jurídico– del estado se convirtió en mecanismo de ralentización de los procesos de interpelación a la dinámica de despojo, a través de una serie de medidas intimidatorias, que coadyuvaron a frenar estos procesos de acción legal.

Desmoralización vía violencia estatal. Las comunidades afectadas por el proyecto se vieron imbuidas en un proceso frustrante y desgastante cuando la acción legal para frenar los trabajos impulsados por ENDE, finalmente fue admitida después de varias semanas, aunque inmediatamente después, la audiencia convocada para resolver la Acción Popular fue suspendida  por el órgano judicial, el cual consideró que el estado se encontraba en situación de “indefensión” debido a que ciertas instituciones, como la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energías, no fueron debidamente notificadas del proceso en curso, haciendo recaer la responsabilidad de esta falta en el accionar de las comunidades demandantes. De esta manera, ni siquiera se respetó el enfoque legitimado de Derechos Humanos en el que los sujetos individuales o colectivos son los que deben ser protegidos frente al estado y no viceversa.

Todo ello acabó desgastando aún más la resistencia comunitaria y los esfuerzos realizados en aras de defender sus territorios por los canales jurídicos, haciéndose evidente una institucionalidad que desconoce, deslegitima y cercena dichos esfuerzos. Estos mecanismos estuvieron presentes en todos los procedimientos y el resultado de la audiencia de la Acción Popular en la que  un gran bufete de abogados fue el que, en representación del Ministerio de Energías, ENDE y la Procuraduría General del Estado, se constituyó en la defensa pública frente a comunarios que con recursos muy escasos y poca capacidad de intervención llevaron adelante la demanda.

Como consecuencia, la resolución final del juez frente a la demanda de Acción Popular resultó improcedente: “ya que  la Acción Popular debía ser en contra de la Ley 940 de 1987 -que preveía una proyecto múltiple sobre el Río Grande- y que la consulta previa no se vulneró porque se puede decir que el contrato con el consorcio chino no está vigente” –lo cual no es cierto–. Es decir, al final de cuentas se impusieron unos rebuscados argumentos jurídicos que en ningún momento tuvieron nada que ver con la agresión que en el presente viven las comunidades, es como si el procedimiento institucional para frenar estos megaproyectos desde los principios que la “justicia plurinacional” debería defender, simplemente no permitiera abordar el problema de despojo denunciado.

Hostigar y debilitar los cuerpos  que luchan. Las respuestas ante cualquier demanda de intervención de la justicia por parte de las comunidades han venido acompañadas por un acoso constante por parte de las instituciones implicadas, como ENDE o el Ministerio de Energías. Además, esto se ha traducido en la desacreditación de las formas de organización comunitaria, las mismas que, desde discursos clásicos de colonialidad, han sido señaladas por carecer de sentido legal y de tácticas administrativas adecuadas para la defensa de su derecho. En otras palabras, por carecer de una estructura jurídica permitida por el estado, lo que contraviene el sentido de la diferencia y autonomía que un Estado plurinacional debería respetar.

El hostigamiento y desarticulación también se hacen evidentes cuando los argumentos en defensa de un territorio y de sus formas de vida comunitarias son distorsionadas y devaluadas desde los discursos oficiales, incluido el propio presidente Morales, que menosprecia las reivindicaciones de las comunidades en lucha por considerar a éstas una “minoría”, recomponiendo el lugar colonial en el que los indígenas de tierras bajas han quedado en el relato oficial de la historia boliviana. O también, cuando el Ministerio de Energías deslegitimó cualquier tipo de crítica al proyecto Rositas, por atentar contra “el sueño de los cruceños,” recuperando elementos discursivos que universalizan los intereses de la oligárquica-empresarial  frente a los horizontes de las comunidades “que no saben lo que es bueno para ellas”.

Esta deslegitimación a la resistencia de las comunidades se ve acompañada por el despliegue de dinámicas de hostigamiento que tienden a desarticular internamente las organizaciones comunitarias y supracomunitarias. Un ejemplo claro fue cuando los líderes de la  Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Capitanía Kaaguazú, que fueron cooptados por el gobierno, negociaron y firmaron acuerdos con ENDE sin convocar a asamblea ni consultar a los directos afectados de las áreas de embalse, e incluso –según comunarios de base– estos dirigentes habrían pedido el ingreso de la fuerza pública para poner orden en las zonas afectadas. Esta situación generó un sentimiento de vulnerabilidad en las comunidades de Taterenda Nuevo y Yumao, lo que generó crisis en las estructuras comunitarias.

Otro hostigamiento en curso, y que se gestó en torno al proceso de demanda de Acción Popular, es el promovido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que en supuesta respuesta a la demanda de titulación de tierras, viene intentando reducir el área del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) donde están algunas de las comunidades en lucha, lo que implicaría una reducción del control efectivo que éstas podrían realizar sobre el mismo.

Estos mecanismos múltiples están conexos, no son casuales y se reproducen de manera conjunta para acorralar y neutralizar la lucha, generando miedo y desgaste. En el caso concreto de Rositas se devela como el estado no dudará en disolver cualquier amenaza que interpele al modelo de despojo. Además que se avizora que al ser un proyecto gestionado por una empresa estatal como ENDE –para su ejecución por capitales chinos- se repetirán las formas de intervención promovidas por el MAS al interior de las organizaciones indígenas.

Frente a las formas estatales del despojo, la necesidad de generar sentido crítico desde las luchas

Quizá la respuesta más obvia a la pregunta que el vicepresidente García se hace –la que se cita más arriba–, sería un rotundo NO, sustentado en la historia y en las luchas de los pueblos de muchas regiones del mundo. Sin embargo, el caso concreto de Rositas, así como las resistencias extendidas en el resto del país contra los megaproyectos de despojo, ponen en cuestión varias ideas expuestas en esa pregunta, pero en particular hay una que nos interesa: “el origen de la masa crítica”, que según García derivaría de ese excedente generado por el extractivismo y gestionado por el Estado. Ni en las luchas contra el neoliberalismo, ni en el presente, la “masa crítica” ha derivado de una política estatal de despojo, y eso es algo que las luchas territoriales nos recuerdan.

La producción de sentidos críticos y la capacidad de generar organización de resistencia y de lucha en este nuevo contexto dominante, está surgiendo en comunidades como contraposición a las consecuencias del modelo de despojo promovido por el gobierno. Las comunidades en resistencia a los proyectos de Rositas, Chepete-Bala, Tariquia, etc. –y principalmente las mujeres– son quienes que están poniendo el cuerpo y sus esfuerzos frente a la agresión del Estado. La ficción de un gobierno produciendo “masa crítica” -que quizá lo máximo que ha logrado son los denominados “guerreros digitales”–  acompañado del  apoyo internacional de grupos de intelectuales que alimentan esa ficción, está siendo rebasada por la crudeza de una realidad, en la que los sujetos en lucha nos están demostrando que no solo se trata de criticar al gobierno –actitud asumida abiertamente por la derecha tradicional del país–, sino de organizar los sentidos críticos en torno a horizontes emancipadores que van mucho más allá de la mera idea de “demandar” al Estado o de “cambiar de gobierno”, se trata de producir capacidad organizativa y de decisión más allá del Estado y de sus formas políticas monopolizadoras.

En este artículo hemos realizado un esfuerzo por visibilizar tres rasgos constitutivos del patrón de despojo promovido por el gobierno del MAS, lo cual nos demuestra una serie de desafíos que todavía prevalecen a la hora de nombrar las características de la dominación en Bolivia y de resignificar horizontes rebeldes que le hagan frente. Y si bien es necesario reconocer que vivimos tiempos de fragmentación y confusión, como consecuencia de un aparato gubernamental que despliega toda su capacidad -material y discursiva- para neutralizar cualquier resistencia a su proyecto político, también es importante reconocer la necesidad de recuperar y aprender de los sentidos críticos emergentes de las resistencias y luchas concretas  contra la ocupación capitalista de los territorios, aunque debemos ir más allá y no asumir que la transformación es responsabilidad solo de quienes ponen el cuerpo en estos territorios, sino que deben producirse nuevos sentidos críticos a partir de experiencias concretas acorde a las realidades de despojo que se viven y se seguirán profundizando en el país.

 

 

 

(1) Un interesante análisis de la lucha que mujeres vienen enarbolando para el cuidado de su territorio (Tariquía) está en el artículo de Paloma Torrez y Claudia López: “Tariquía de pie: una lucha campesina en Bolivia frente al extractivismo petrolero” en: http://zur.org.uy/content/tariqu%C3%ADa-de-pie-una-lucha-campesina-en-bolivia-frente-al-extractivismo-petrolero.

(2) Esta dinámica no ha cesado, mientras terminamos de redactar este documento la dinámica de despojo impulsadas desde el estado ha continuado de diversas maneras.

(3) Nos referimos como organización supra-comunitaria, a aquellas que articulan a nivel regional o nacional a múltiples organizaciones comunitarias de base, como la CIDOB, CONAMAQ, CSUTCB, etc. En casi todos los casos, sin embargo, estas organizaciones asumen formas sindicales y de delegación de la decisión política, lo que muchas veces suele entrar en conflicto con las comunidades que las componen.

(4) ART. 136 CPE “La Acción Popular procederá contra todo acto u  omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.” La demanda de Acción Popular se interpone – en el caso analizado- por la vulneración al Derecho Colectivo de Consulta Previa Libre e informada, bajo el criterio de que ya existe un contrato con el consorcio de empresas chinas Asociación Accidental Rositas (AAR) sin consulta a las comunidades afectadas, la demanda se interpone en Cochabamba debido a que es el lugar donde se encuentra la Sede Central de ENDE.

(5) En su parte resolutiva, el Juez señaló tras una audiencia de siete horas: “no se ha incumplido la norma con respecto a la consulta previa, primero porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental y segundo, porque si bien hay una firma de contrato de préstamo y construcción con el Gobierno y la empresa china (2016),el contrato de préstamo no está vigente, es sólo una intención de contrato, en ese sentido es solo una idea de proyecto, es más podría decir que no hay proyecto”. Por su parte, el ministro de Energía, Rafael Alarcón dijo a ANF que si bien existe un contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico, este cuenta con cláusulas suspensivas. (https://www.noticiasfides.com/economia/rositas-tercer-juez-rechaza-accion-popular-de-guaranies-y-estos-anuncian-ir-a-la-cidh–388103).

(6) https://chaskiclandestino.wordpress.com/2018/05/11/comunidades-guarani-afectadas-por-la-hidroelectrica-rositas-exigen-a-sus-dirigentes-unirse-a-la-defensa-del-territorio/

(7) Los guerreros digitales son personas formadas por el MAS, con recursos públicos, para contrarrestar la crítica al gobierno boliviano desde las redes sociales. (http://viralbolivia.info/2018/06/guerreros-digitales-del-mas-aprendieron-a-disenar-memes/)

 

 

 

 

 

 

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