Claves para entender la Bolivia actual. Historia, Proceso Constituyente, y la Constitución del Estado Plurinacional de 2009

En un contexto continental altamente tenso, con protestas y revueltas populares en Ecuador, Colombia, Panamá, Haití, y una inédita sublevación popular en Chile que intenta apuntar a la convocatoria a una Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, en Bolivia se viven también momentos de alta conflictividad y una intentona de las derechas y oligarquías por derrumbar al Gobierno encabezado por Evo Morales y Alvaro García Linera. Aquí reseñaremos algunos elementos históricos para entender lo que está sucediendo, y en particular, poniendo énfasis en los hechos y trayectorias que abrieron paso al proceso constituyente que decantó en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009, atendido, además, el interés y debate que suscita el tema de los procesos constituyentes en la coyuntura chilena.

 

Se trata de la continuación de la reseña a las historias político-constitucionales y procesos constituyentes en nuestra América, ya iniciada con los casos de Brasil, «El proceso constituyente brasileño y la Constitución de 1988. Algunas claves para entender al Brasil actual«, y Ecuador, «Algunas claves para entender la revuelta popular e indígena contra el paquetazo neoliberal de Lenin Moreno en Ecuador«. Pronto, seguiremos con Colombia, y Venezuela.

 


Índice:

a. Contexto histórico previo. Las “dos bolivias”, debilidad económica y fragmentación territorial, hegemonía incompleta e incompletitud del Estado, y la Revolución Nacional
b. El ascenso de la movilización social, del Movimiento Al Socialismo y Evo Morales, y la Asamblea Plurinacional Constituyente de 2007-2008
c. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, Gobierno del MAS y escenario post constituyente.

 


 

Claves para entender Bolivia. Historia, Proceso Constituyente, y la Constitución del Estado Plurinacional de 2009

 

a. Contexto histórico previo. Las “dos bolivias”, debilidad económica y fragmentación territorial, hegemonía incompleta e incompletitud del Estado, y la Revolución Nacional

 

En todos los países del continente la construcción de los estados fue desde inicios de las repúblicas nacionales un proceso altamente oligárquico y excluyente, y en aquéllos países con alta presencia de pueblos originarios y/o afrodescendientes, esta realidad se asentó con un aún más intenso “colonialismo interno” que los ponía en posición de extensa subordinación social, cultural, política. En el caso boliviano, con una de las mayores proporciones de población indígena, esto ocurre con una abundante historia de revueltas populares y la resilencia de significativas capacidades comunitarias y de construcción de formas de autonomía de pueblos originarios, pero, de todas formas, bajo un Estado constituido y controlado por una minoría oligárquica y ajena a la mayoría social y cultural indígena. Este cuadro de exlusión y autonomía, de “dos bolivias” o “dos repúblicas”, de tensión y convivencia, generó una dinámica general de alianzas y conflictos entre las elites y las mayorías indígenas y campesinas, de negación y negociación a la vez.

 

En ese marco, poniendo fin al Estado Oligárquico caracterizado por su carácter fallido y por grandes extensiones de pérdidas territoriales (el Litoral con Chile, el Acre con Brasil, el Chaco con Paraguay), en 1952 estalla la llamada “Revolución Nacional, una amplia revuelta popular, urbana, obrera, y campesina, que decanta en la instauración del Gobierno del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y en la Presidencia de la República a Víctor Paz Estenssoro. Esta alianza de fuerzas impulsa entre otras medidas una Reforma Agraria, la nacionalización minera, y la ampliación del sufragio, instaurando lo que se llamó el “Estado del ’52”, en un controlado o “desde arriba” proceso reformista-revolucionario, que a pesar de ciertos rasgos autoritarios, impulsó la sindicalización obrera, minera y rural, inició un incipiente nacional-desarrollismo, y abrió espacios a actores entonces excluidos de la escena política e institucional, como los sectores sociales expresados en la referencial Central Obrera Boliviana, COB, fundada precisamente en la coyuntura de la Revolución Nacional sobre la base de la preexistente y nutrida tradición sindicalista boliviana, creada sobretodo a partir de los núcleos mineros y los centros de trabajo industrial más avanzados en la escena del país. Fueron años de verdadero cogobierno entre el MNR encabezado por la Presidencia de Paz Estenssoro, y la COB, encabezada por Juan Lechín Oquendo.

 

Pero los cambios promovidos por el “nacionalismo revolucionario” fueron obstaculizados de manera creciente por las elites reaccionarias y también por las propias dirigencias del proceso, lo cual, junto a la radicalización no totalmente procesada por el nuevo orden instaurado, decantó en una fuerte reacción de los sectores más retardatarios y conservadores, quienes encabezaron sucesivos golpes y regímenes militares (el primero, en 1964, fue juntó a Brasil los primeros golpes de estado de nuevo tipo en Sudamérica), dinámica que puso a varios presidentes venidos de las filas militares, entre ellos la referencial dictadura de Hugo Bánzer (entre 1971 y 1978). En ese contexto y la posterior transición a las formalidades democráticas, va emergiendo una recuperación de la identidad propiamente indígena originaria, con la aparición de la llamada tendencia “katarista” (reivindicando la referencia del líder indígena de fines del siglo XVIII, Tupác Katari), y su influjo hacia la Confederación de Sindicatos Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB, formalizada en 1979.

 

La maduración y alianza entre actores sociales expresados en las organizaciones CSUTCB y la COB y otras expresiones organizativas que fueron surgiendo desde fuera de la institucionalidad constituida y/o en tensión con ella, fueron marcando el desarrollo de actores y fuerzas sociales que serían centrales en las décadas posteriores. Tal desarrollo de una nueva subjetividad popular de marcado acento identitario, campesina e indigenista, se comienza a hacer progresivamente más notoria cuando, tras el paréntesis centroizquierdista del Gobierno de la llamada Unidad Democrática y Popular (UDP) encabezado por el Presidente Hernán Siles Suazo (entre 1982 y 1985, en un período de alta conflictividad social, tensiones económicas y bloqueos parlamentarios que decantaron en la caída anticipada del Gobierno), se comienza a instalar fuertemente el modelo neoliberal y un coalicionismo parlamentario nuevamente de alta oligarquización, a partir de 1985.

 

Las políticas de instalación neoliberal y privatización tuvieron en el sector minero una de sus expresiones más evidentes, y con ello el otrora referencial movimiento sindical que tenía su expresión más consolidada entre los trabajadores mineros, fue perdiendo fuerza y poder de presión. Junto a ello, se inauguraría una época de creciente organización campesina, y la progresiva irrupción de la cuestión indígena originaria. Por la maduración previa y la caída y crisis de las referencias tradicionales de las izquierdas y los diversos nacional-desarrollismos, los sectores populares y sus organizaciones de avanzada fueron progresivamente profundizando las raíces y lazos con lo identitario y cultural, y de manera creciente, su identificación como pueblos y sujetos colectivos demandantes ya no de “tierra” y “reforma agraria si no que de “territorio” y propiedad colectiva de la tierra, con todas sus determinaciones económicas, culturales y socioambientales, y el reconocimiento de formas de interculturalidad, autonomía y autogobierno. Referencial es en este sentido la marcha convocada en 1990 por la Central Indígena del Oriente Boliviano, CIDOB, y los eventos y procesos de debate sobre la conmemoración del quinto centenario del inicio de conquista y colonización occidental en el continente americano.

 

La primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997 marcará la intensificación neoliberal y el ya completo desdibujamiento del otrora nacional-desarrollista MNR, reconvertido al neoliberalismo y la dinámica parlamentarizada y elitizada que dominó la escena de esos años. En el mundo popular, por su parte, el otrora fuerte movimiento obrero encabezado por la COB, perdió su fuerza en torno a los procesos de intensificación neoliberal. En contraste con lo anterior, la creciente presión de las movilizaciones indígenas y la necesidad de generar reformas aperturistas, llevó en esos años a una Reforma Constitucional en 1994 en la que, ante la demanda de consagración de la plurinacionalidad que quedaría pendiente para más adelante, se da reconocimiento a la condición multicultural del país, con una reforma educativa que incorpor la enseñanza bilingüe, y materias de participación social y ciudadana, y de descentralización política y administrativa, expresadas de manera referencial en una legislación y proceso de municipalización.

 

Por otra parte, en 1995 la CSUTCB organiza su Congreso “Tierra, Territorio e Instrumento político”, y con el impulso central del campesinado cocalero de la región de Cochabamba (en buena medida provocado por la migración desde los centros mineros, y propiciado por el ataque de las políticas prohibicionistas frente al cultivo de coca), se da lugar a la “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” y después “Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”, que luego ocupará los nombres de “Izquierda Unida” primero, y “Movimiento Al Socialismo, MAS”, después. Desde este proceso de politización del mundo popular surgirían gobiernos municipales que acrecentaron sus capacidades y articulación política, y la conciencia creciente en torno a las limitaciones y obstáculos de la institucionalidad constituida frente a las demandas y necesidades sociales.

 

 

b. El ascenso de la movilización social, del Movimiento Al Socialismo y Evo Morales, y la Asamblea Plurinacional Constituyente de 2007-2008

 

Como hito de dicha trayectoria, las movilizaciones sociales ocurridas entre los meses de abril y septiembre del 2000 pusieron ya de manera insoslayable, junto con el rechazo a la privatización del agua en manos de una empresa transnacional, la demanda social por un nuevo orden constitucional, apareciendo progresivamente la idea de convocatoria de una asamblea constituyente. Estas movilizaciones llamadas como “Guerra del Agua” tuvieron su detonante en la decisión privatizadora del Gobierno de Sánchez de Losada sobre los recursos hídricos, y estuvieron primeramente centradas en el Departamento de Cochabamba, donde se constituyó la “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”, con una posterior generalización a otras partes del país y demandas sociales. Hubo ahí tres meses, conocidos como la «Guerra del Agua«, de intensas movilizaciones de marchas, bloqueos de rutas y calles, y multitudinarias concentraciones, que generaron un relativo aislamiento de la región y la atención del debate público del país en su desarrollo.

 

A la movilización en Cochabamba, le siguieron movilizaciones de indígenas amazónicos, de trabajadores de la educación y apoderados en torno a la demanda educativa. Siguiendo el ejemplo de la Coordinadora de Cochabamba, surge entre estas organizaciones la “Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional”, a la que se le suman las organizaciones sociales históricas de la COB y la CSUTCB. Sus núcleos de mayor intensidad estivieron en el mencionado Departamento de Cochabamba y sus respectivas referencias políticas, el MAS y Evo Morales, y en el altiplano paceño, donde destacaba la referencia de Felipe Quispe, el “Mallku” dirigente de la CSUTCB de su región, y principal referencia del Movimiento Indígena Pachakuti, MIP.

 

La “Guerra del Agua”, mostró ya centralmente la modificación de los términos del debate político en el país, poniendo fin a la hegemonía ideológica neoliberal que había caracterizado a la política boliviana desde mediados de los 80s. Además, visibilizaron la pérdida de presencia e influencia de las organizaciones tradicionales, por lo pronto los propios partidos políticos, pero también otras instancias de mediación social e institucional, visibilizándose un nuevo entramado socio-político que luego traspasaría su acrecentada incidencia al terreno institucional y electoral. Luego, las elecciones generales de junio del 2002 mostraron ya nítidamente este nuevo escenario y sus transformadas correlaciones de fuerza social y política, quedando Evo Morales muy cerca de la primera mayoría, y con un notorio crecimiento del MAS y el MIP en lo parlamentario. Ese cambio de escenario permite la promulgación en agosto de 2002 de la “Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado”, que quedaría como antecedente de la Reforma Constitucional de febrero del 2004 que incorporó nuevos mecanismos institucionales dentro de la Constitución, como la posibilidad de convocatoria de una Asamblea Constituyente, el Referéndum Constitucional, la inciativa legislativa popular, y la llamada “desmonopolización” de la política por parte de los partidos. Pero antes que eso, y como factor crucialmente dinamizador de estas reformas, en lo extra institucional, el año 2003 se produce un cambio de escena ya definitivo y con perfil ya de irreversible, y que precisamente forzó tal Reforma Constitucional.

 

En febrero del 2003, intensas movilizaciones populares son fuertemente reprimidas en especial en La Paz, en el conocido “Febrero Negro”. Y en octubre, una gigantesca movilización en rechazo al anuncio de exportación del gas, bajo la fórmula de salida por un gasoducto por Chile, motivando el estallido de la llamada “Guerra del Gas” que culmina en la destitución popular del Presidente Sánchez de Losada y su huida del país. Con ello emerge lo que se llamó como “Agenda de Octubre”, es decir, la agenda impulsada por los movimientos sociales, populares e indígenas, y por sus expresiones político-electorales, en especial los mencionados MAS y MIP. Desde las organizaciones sociales populares luego se conformará el llamado Pacto de Unidad con el que estas abordaron el momento constituyente, formado principalmente por las ya mencionadas COB, CSUTCB, y CIDOB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ.

 

Por su parte, los actores tradicionales y opositores al proceso constituyente refundacional, se fueron articulando en torno a la cuestión de las descentralización y las autonomías departamentales, tomando uno de los principios que había levantado el movimiento popular indígena, la autonomía, pero dirigiéndolo a un mayor poder y facultades para los gobiernos departamentales. Esta cuestión estaba directamente relacionada con el extendido poder y mayoría electoral que tradicionalmente habían tenido los sectores políticos tradicionales en los cuatro departamentos del oriente del país, las “tierras bajas”, franja de departamentos conocido como “Media Luna”: Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija. Referencial rol en la movilización y presión puesta en torno a esto cumplió el Comité Cívico de Santa Cruz, zona especialmente rica y que cuenta con extensos recursos en sus territorios, tal como todo el resto de dichos departamentos donde, por lo demás, se encuentran las reservas petroleras y de hidrocarburos que eran objeto central de la disputa política. Así, las autonomías departamentales fueron parte de una exhaltación regionalista de tipo conservadora, y también una estrategia de control sobre los recursos del subsuelo de esos territorios. En ese contexto, el mencionado Comité Cívico de Santa Cruz organiza masivas movilizaciones y “Cabildos de la Cruceñidad” (de ahí surgirá a inicios del 2004 una “Agenda de Enero” contrapuesta a la “Agenda de Octubre”), y se convertirá en bastión político de la oposición durante todo el proceso constituyente.

 

Por su parte, en otro de los puntos centrales de la llamada Agenda de Octubre instalada por los movimientos populares e indígenas, la cuestión de los hidrocarburos, se dio paso a una convocatoria a Referéndum sobre la propiedad y destino de éstos que marca la escena de la primera mitad del 2004, realizándose en junio. El entrampamiento en el Congreso de la conversión en Ley de lo decidido en el referéndum hizo renunciar al Presidente Carlos Mesa en marzo del 2005, pero el Congreso no le acepta la renuncia. Bajo presión intra y extra institucional, el Congreso aprueba una nueva Ley de Hidrocarburos en mayo de 2005 que dejaría la cuestión pendiente, siendo una solución intermedia que no dejó satisfecho a ninguno de los polos de la coyuntura constituyente.

 

En tal escenario de alta movilización y politización social, el 18 de diciembre se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, dándole a Evo Morales y el MAS una amplia mayoría (53,7 por ciento en lo presidencial y en lo parlamentario), obteniendo 72 de los 130 escaños de la Cámara de Diputados, y 12 de los 27 del Senado. Tal mayoría, inédita desde 1982 en Bolivia, permitió que por primera vez desde entonces el Presidente pueda asumir sin recurrir a pactos parlamentarios adicionales, junto con posibilitar el cumplimiento de su propuesta de activación de un proceso constituyente, para lo cual, de todas formas, requería conseguir acuerdos con las otras fuerzas políticas atendido el freno que imponía la necesidad de conseguir los dos tercios como quórum en el Congreso (y luego en la AC), como por la mayoría que tenía la oposición en el Senado.

 

Evo Morales asume en enero del 2006, y el 6 de marzo de promulgan las leyes de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, y al Referéndum para las Autonomías Departamentales. El 2 de julio se realizan las elecciones para la composición de la Asamblea Constituyente. En éstas, con un sistema electoral que tendía a sobrerrepresentar a la segunda mayoría (es decir a la oposición), el MAS obtiene 137 escaños de los 255 (y algunos más con sus aliados más directos, llegando a 142), no obteniendo los dos tercios requeridos para no tener que negociar con la oposición el proyecto de nueva Constitución, acorde al quórum fijado en la Ley de Convocatoria a la asamblea. La AC comienza a funcionar el 6 de agosto, y desde un comienzo se tensiona fuertemente por las diferencias en torno al Reglamento de Debates, en particular sobre el sistema de votación para la aprobación del texto constitucional, y sobre el carácter de la asamblea, si bien era “originaria” o “derivada”. Tras varias semanas de entrampamiento, el 29 de septiembre se aprueba el primer artículo del Reglamento de Debates declarando originaria a la asamblea, cuestión que suscitaría un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, que no prosperará. En las sesiones posteriores se aprobarían otros artículos del Reglamento con la oposición de las fuerzas de derechas más reacias al “proceso de cambio” que, encabezadas por Podemos, se restaron de las sucesivas votaciones posteriores.

 

En los meses siguientes se vivió un tenso entrampamiento en torno al sistema de votación del proyecto de Constitución por parte de la asamblea, el Pacto de Unidad y el MAS defendiendo la mayoría absoluta, y el opositor Podemos los dos tercios. Esta última cuestión se resolvió en febrero del 2007 con una solución intermedia que de todas formas no cerraría el conflicto posterior por el quórum: se decidió que los informes de Comisión y la primera votación “en grande” (en general) serían por mayoría absoluta, mientras que los artículos “en detalle” (en particular) se votarían en la última votación por dos tercios. En caso de no existir aprobación por dos tercios, la divergencia pasaría a consulta popular, y luego, el proyecto final, por dos tercios.

 

La asamblea se encontraba desarrollando sus sesionen en Sucre, en particular en el Teatro Mariscal de Sucre, y desde febrero el trabajo de comisiones en el Colegio Junín. Esta ciudad, capital histórica y constitucional del país, tenía una antigua tensión con La Paz por la capitalía del Estado, cuestión que se arrastraba desde la Guerra Civil de 1898-1899, y que volvería a manifestarse con particular relevancia como expresión de las tensiones y antagonismos del momento constituyente, con alta conflictividad y violencia callejera implicada. Se realizaron también “Encuentros Territoriales”, en los que las comisiones se trasladaron a distintos lugares del país en sesiones abiertas. Tras no poco retraso en la entrega de los informes de las comisiones por diferencias entre fuerzas de gobierno y de oposición, el 13 de julio éste se hace efectivo, donde en 6 de las 21 comisiones se planteó el tema de la Capitalía plena. Por las demoras y tensiones en el funcionamiento de la AC, en el mes de julio se decide ampliar el plazo de trabajo de ésta, cuestión avalada por el Congreso Nacional con una “Ley de Ampliación” o “Ley Ampliatoria” como se le conoció, que modificaba la Ley de Convocatoria a la AC prorrogándola hasta el 14 de diciembre de 2007. Esta decisión da lugar a una especie de segunda etapa del proceso de elaboración constitucional catalogada como de “diálogo nacional”, marcada por la negociación forzada atendido el tenso conflicto intra y extrainstitucional.

 

De ese modo, se fueron verificando las limitaciones del marco de funcionamiento de la asamblea, en especial motivadas por la controversia en torno al quórum que el MAS y las fuerzas aliadas al Gobierno no habían alcanzado obtener para hacer avanzar su proyecto de Constitución sin necesidad de pactar acuerdos con la oposición y la institucionalidad vigente. Se comienza a verificar una ofensiva política de las fuerzas conservadoras opositoras al proceso y que contaban aún con un alto poder social y una significativa presencia en el Congreso, en particular en un Senado con capacidad de bloqueo al avance del proceso constituyente. Con la mencionda Ley de Ampliación, la oposición reafirma y refuerza el quórum de los dos tercios, quedando dos vías o posibilidades de aprobación del texto: en la primera, todos los artículos deberían ser aprobados “en detalle” por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, y el texto final por el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea. Y en la segunda vía o posibilidad, en caso de no lograrse los dos tercios de votos en uno o más artículos en la etapa de detalle, el Congreso Nacional los enviaría a referendo popular vinculante. En este segundo camino, luego de la consulta, el texto final se aprobaría por dos tercios, para luego someterlo a referendo de aprobación final. Así, se afirma con un conjunto de normas adicionales el control de los poderes constituidos sobre el proceso constituyente, marco que restringió el proceso y su carácter refundacional, todo lo cual suscitaría nuevas críticas desde los sectores impulsores del “proceso de cambio” y del Gobierno encabezado por el MAS y Evo Morales.

 

Paralelamente a lo anterior, en este período la discusión y elaboración constitucional se concentró en la “Comisión Técnica”, grupo reducido de constituyentes y técnicos, volviendo a una dinámica de negociación análoga a la que dio curso a la aprobación del Reglamento en el 2006. Emerge también el conflicto en torno al destino de los fondos derivados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que la oposición demandaba se quedasen en manos de los gobiernos departamentales, y que el Gobierno estaba reteniendo para financiar el programa de “Renta Dignidad” para la población jubilada. Se suceden multitudinarias movilizaciones en La Paz y en Sucre sobre la cuestión de la capitalía, tema que tenderá a copar la agenda constituyente de aquí en adelante, en especial tras la decisión votada en la asamblea el 15 de agosto que eliminaba del debate constitucional el tema de la capitalía plena de Sucre, suscitando violentas manifestaciones, dividiendo aguas al interior de las fuerzas favorables al “proceso de cambio”, y llevando a punto muerto las negociaciones y diálogos con la oposición. Ante este escenario, la Directiva de la Asamblea Constituyente suspende las sesiones. El Gobierno, por su parte, emprende la iniciativa de lo que se conoció como “Concejo Político Suprapartidario”, instancia convocada para la participación y diálogo de un grupo reducido de asambleístas y de las principales dirigencias de las distintas fuerzas políticas representadas en la asamblea.

 

Consolidado el proyecto de la mencionada Comisión Técnica, la bancada de constituyentes del MAS acuerda un texto final, que es dado a conocer como “proyecto finalísimo” de su fuerza. En este contexto, tras una larga suspensión del trabajo asambleario, y sucesivos intentos fallidos de acuerdo sobre el tema de la capitalidad, en medio acciones judiciales y fuertes protestas encabezadas por el “Comité Interinstitucional de Sucre” en esta ciudad, terminan impidiendo la continuidad de las sesiones en el Teatro Mariscal Sucre. En respuesta, la Directiva de la AC decide reanudar las sesiones el 23 de noviembre en un Liceo Militar conocido como “La Glorieta” cercano a la ciudad capital chuquisaqueña, y con la presencia de 145 de los 255 asambleístas constituyentes (básicamente los favorables al proceso y con la abstención de las fuerzas de la oposición),. Ahí, en medio de un muy violento enfrentamiento en las cercanías y afueras del recinto, el 24 de noviembre se aprueban los informes de las 21 comisiones de la Asamblea, obteniendo el respaldo de 136 de los 138 constituyentes presentes, y se da lugar a la votación “en grande” (o “en general”) del texto. Tres días después, ambos polos de la coyuntura constituyente convocan a multitudinarias movilizaciones en La Paz y Santa Cruz respectivamente, en un escenario de alta polarización y conflictividad, incluyendo una huelga de hambre y un paro convocado por la oposición (agrupada en “CONALDE”, Consejo Nacional Democrático), y apoyado en forma de paros cívicos-empresariales en seis de los nueve departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca).

 

Ante las distintas opciones que se abría para culminar el proceso de aprobación del nuevo texto constitucional, las fuerzas del “proceso de cambio” deciden continuar con la etapa de la discusión y aprobación en detalle el 8 de diciembre, en la ciudad de Oruro, con la presencia de 153 asambleístas en su inicio, número prácticamente igual al que se había logrado en agosto de 2006 en la declaración de “originaria” de la asamblea, lo que muestra que, a pesar de los intentos de diálogo y acuerdo, las posiciones de conflicto y antagonismo permanecían casi en el mismo lugar. Esta etapa culmina el día 10 de ese mes, en ausencia de los asambleístas constituyentes de Podemos, pero con la presencia de asambleístas de UN y del “Bloque Patriótico” de agrupaciones más pequeñas. En esta votación, se dejará un artículo en discordia, referido a la regulación del latifundio, con el objetivo de dar curso al mecanismo o “camino largo” de aprobación del texto establecido en la Ley Ampliatoria. El 15 de diciembre la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, le entrega el proyecto de nueva Constitución al Presidente Evo Morales, y con ello el trabajo de la AC culmina.

 

Las fuerzas opositoras, como respuesta, declaran estas acciones como ilegales, y comenzarán una extendida movilización por el rechazo a la nueva Constitución, y por la devolución de los fondos del Impuesto Directo a los Hudrocarburos a los gobiernos departamentales. La Corte Nacional Electoral (CNE) negará validez tanto a dicha votación, como asimismo, suspenderá el referendum aprobatorio de la nueva Constitución. La oposición de todas formas realiza sus referendos, al margen de dicha decisión, sobre los estatutos autonómicos en los departamentos bajo su control (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija), entre los meses de mayo y junio, en medio de enfrentamientos con las fuerzas del “proceso de cambio” y una alta abstención. Se genera así un escenario de empate temporal entre ambos polos, con un entrampamiento difícil de superar para el proceso constituyente y con alta incertidumbre sobre su término, desplegándose una etapa de varios meses de trabajo y negociación en mesas técnicas formales e informales con miras a la búsqueda del acuerdo constitucional.

 

En ese contexto, en mayo el Senado de mayoría opositora da curso a un referendo nacional revocatorio que había sido tramitado en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, lo que, en un mal cálculo de la oposición, terminó con un alto triunfo para las fuerzas del “proceso de cambio”, que acrecenta su diferencia de votos con la oposición y obtiene una inédita mayoría electoral en el referendo revocatorio de agosto de 2008. Esto genera una inflexión en el escenario político, inclinándolo a favor del Gobierno y sus fuerzas aliadas. En tal marco se radicalizan los intentos de la oposición más dura al Gobierno por declarar una autonomía de facto en los Departamentos de la “Media Luna”, con intensas y violentas movilizaciones incluyendo en esto la toma de edificios institucionales de esas regiones y atentados a la infraestructura pública. El 11 de septiembre ocurre la llamada “Masacre de Porvenir” o “Masacre de Pando”, donde una columna de adherentes al proceso es emboscada y resultan 15 muertos (13 campesinos y 2 funcionarios del Departamente de Pando). Esto motiva nuevas y multitudinarias manifestaciones en apoyo al proceso refundacional, y una convocatoria a UNASUR, instancia continental que rechaza la violencia opositora y realiza un llamado a un acuerdo con el Gobierno.

 

En medio de esta nueva tensión y hechos de violencia, se da inicio a un proceso de negociación con el sector más duro de la oposición de la Media Luna, que de todas formas se negaba a firmar acuerdos. De este modo, hasta octubre funcionó una mesa de diálogo entre el Gobierno central y los gobiernos departamentales, en Cochabamba, en especial con los prefectos de oposición, momento en el que el MAS acuerda incorporar el régimen de autonomías en la Constitución en la forma negociada con éstos. Esta instancia de diálogos entre ambos polos del escenario constituyente termina siendo central en la consecución de los acuerdos que permitan destrabar el conflicto entre ambos sectores y avanzar en el acuerdo constitucional. Esto se da en dos fases de construcción de un “centro” constitucional: la primera, con los prefectos departamentales opositores en un diálogo realizado en Cochabamba, en la que el MAS y las otras fuerzas del proceso se abrieron a nuevas concesiones (a pesar de las cuales los prefectos se retirarían sin firmar el documento final), y una segunda comenzada a inicios de octubre, realizada en el Congreso con las fuerzas parlamentarias de oposición. En esta última parte, se necesitaba la aprobación de los dos tercios de los congresistas para la convocatoria de los referendos aprobatorio y dirimitorio (esto último para la cuestión de la extensión del latifundio), quórum que se habían establecido en la Ley Ampliatoria y que motivó la necesidad de modificar más de cien artículos del texto constitucional votado por la Asamblea Constituyente en Oruro.

 

El 20 de octubre se anuncia el acuerdo y en los días siguientes se inicia la campaña para la aprobación o rechazo del nuevo texto, votándose a favor en el Referendo Constitucional del 25 de enero del 2009 con una amplia mayoría del 61 por ciento, y más de un 80 por ciento de aprobación a la pregunta adicional sobre la regulación y limitación del latifundio, poniéndose como límite 5 mil hectáreas para la propiedad de la tierra para lo venidero. Esto último de todas formas fue criticada por parte significativa de los apoyos al proceso, que pedían el carácter retroactivo de la medida, en una seña de las controversias que luego se amplificarían entre las fuerzas integrantes del Pacto de Unidad. Finalmente, la Constitución es promulgada el 7 de febrero en una multitudinaria concentración en la ciudad de El Alto, y en marzo se oficializa el cambio del nombre del país, a Estado Plurinacional de Bolivia.

 

 

c. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, Gobierno del MAS y escenario post constituyente

 

Tras la culminación de la redacción y aprobación popular del nuevo texto constitucional, vendrían las nuevas votaciones para ratificar los cargos de los Poderes Ejecutivo y Parlamentario, en las elecciones generales de diciembre de 2009. En ellas se ratificaría en sus cargos a la dupla Evo Morales y Álvaro García Linera, y el predominio del MAS y las fuerzas aliadas se afianza con el triunfo parlamentario que le daba los dos tercios para gobernar con amplio margen de acción y sin necesidad de alianzas adicionales para aprobar las leyes orgánicas constitucionales. En abril del 2010 se verifican las Elecciones Municipales y Departamentales con similares correlaciones electorales, quedando sólo pendientes las inéditas Elecciones Judiciales, que se desarrollarían en octubre del 2011. Por otra parte, en este escenario post asamblea constituyente vendría la discusión sobre las leyes orgánicas constitucionales, que tensionan aún más el polo de fuerzas que habían activado el proceso constituyente, en especial, las diferencias entre la conducción gubernamental que, se ha criticado, fue adoptando opciones y decisiones de un perfil más desarrollista y centralista que plurinacional y de búsqueda del vivir bien incorporado como inédita innovación en el texto constitucional, con algunas de las organizaciones más referenciales del otrora Pacto de Unidad que han salido de los apoyos del proceso, como la CIDOB y la CONAMAQ, o alguna parte de las franjas progresistas y de izquierdas que habían sido parte del triunfo de Evo Morales y la convocatoria constituyente.

 

De todas formas, la discusión y aprobación de las leyes orgánicas del Órgano Electoral Plurinacional, del Órgano Judicial, del Régimen Electoral, del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la de Deslinde Jurisdiccional (promulgadas entre junio y diciembre del 2010), fueron especificando los contenidos de la nueva Constitución. En ese contexto, ocurre la irrupción del conflicto por el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure), con el que el Gobierno impulsó una autopista por el, con oposición de varios de sus previamente fuerzas aliadas y parte significativa de las comunidades directamente afectadas por el proyecto, que iniciaron, en especial encabezadas por el movimiento indígena y sus organizaciones del oriente amazónico, una nueva marcha indígena de protesta y la movilización de rechazo, y por la realización de una consulta previa a las comunidades. El conflicto terminaría resolviéndose con una Consulta cuyas formas fueron arduamente criticadas por las organizaciones que rechazaban el proyecto, y que terminó abriendo paso finalmente a esta iniciativa gubernamental aunque de manera distinta a la inicial. Este conflicto marca un hito en cuanto a la recomposición de los alineamientos que habían dado impulso al proceso constituyente, con la escisión de parte del “Pacto de Unidad”, en particular, de la CIDOB y CONAMAQ, organizaciones en las que el Gobierno y el MAS impulsarían organizaciones paralelas, en una tendencia que se iría replicando de distintos modos en otras organizaciones y espacios, dando muestras de un progresivo tensionamiento, de lado y lado, entre las fuerzas del “proceso de cambio”.

 

En todo caso, a pesar de dichas tensiones y conflictos internos al conglomerado de fuerzas que encabezaron el impulso y activación del proceso constituyente, el MAS mantuvó y afianzó en buena parte su apoyo electoral en las posteriores votaciones, como en las Elecciones Generales de octubre del 2014, donde Evo Morales superó el 61 por ciento de los sufragios y el MAS triunfó en 8 de los 9 departamentos, ratificando la modificación del cuadro político y la consolidación de la fuerza de apoyo al Gobierno y el proyecto de la “revolución democrática cultural” que impulsan sus fuerzas. Lo anterior se mostró luego con su avance en apoyos en la anteriormente esquiva zona oriental del país, obteniendo importantes avances y triunfos electorales incluso en Santa Cruz.

 

Como contrapartida, el MAS también ha perdido fuerza en espacios referenciales en su momento, como la propia ciudad de La Paz, cuyo gobierno municipal perdió en las elecciones de abril del 2010 en manos del Movimiento Sin Miedo (MSM), o en las Departamentales y Municipales de marzo del 2015, donde fue derrotado en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz, o en la Alcaldía de El Alto, bastión referencial de las luchas populares que le abrieron paso al Gobierno de Evo Morales y el propio proceso constituyente.

 

Tales cuestionamientos se harían nuevamente presentes, con la derrota de la propuesta gubernamental de permitir la reelección presidencial, cuestión rechazada en el Referéndum Constitucional de febrero del 2016, imponiéndose la negativa con un 51,3%, 2.682.517 votos, contra un Sí con un 48,7%, 2.546.135 votos. Este resultado puede explicarse por un conjunto de factores que pueden agruparse en: i. Un cierto descontento de algunas franjas del electorado que habían votado por el Movimiento Al Socialismo y el proceso de cambio con un cierto desgaste de parte de su fuerza inicial; ii. Cierta animadversión política-cultural existente en Bolivia contra la falta de rotación en los cargos públicos, y iii. Una intensa campaña mediática de parte de las derechas y la incapacidad de respuesta efectiva ante ello, incluyendo manipulaciones y mentiras sobre una supuesta paternidad de Evo Morales luego desmentida judicialmente. Ante aquello, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional, que acogió su pretensión de declarar inconstitucional la limitación a la reelección, permitiendo con ello una nueva postulación de la dupla Evo Morales – Álvaro García Linera.

 

Los resultados de las elecciones generales del pasado domingo 27 de octubre dieron unas ajustadas cifras, con las que la dupla del oficialismo quedó ligeramente por encima de lo necesario para evitar la segunda vuelta, conforme a la regla del “40% + 10”, esto es, obtener por sobre 40% de los votos, y una diferencia mayor a 10 puntos sobre la segunda candidatura, de Carlos Mesa. La oposición más extrema, nucleada fundamentalmente en el Oriente y en particular en Santa Cruz, inició una táctica de negación de los resultados, un llamado a desconocer al Gobierno, y un proceso de protestas que continúa hasta el día de hoy.

 

Se trata del más fuerte cuestionamiento al orden constitucional y político inaugurado con la llegada del Gobierno encabezado por Evo Morales y el MAS, y el proceso constituyente que decantó en la Constitución de 2009. Mientras la oposición se intenta apoyar en los desgastes de 14 años de Gobierno, en la relativa pérdida de apoyos de éste y en la cuestionada forma en la que se abrió paso la nueva postulación presidencial, y los sustentos internacionales de las derechas que intentan contener una compleja situación regional para ellas (con las fuertes revueltas en Ecuador y Chile, protestas en Colombia, Panamá, Honduras, y el cambio de Gobierno en Argentina), el Gobierno intenta contener este nuevo intento de Golpe de Estado y/o «Gobierno paralelo» intentado por las elites en particular orientales y cruceñas, y continuar el rumbo político que ha significado un marco de un inédito ciclo de gobiernos en la historia boliviana, con una significativa ampliación de derechos, consolidación estatal y desarrollo económico, y una experiencia constituyente y constitucional referencial referencial a nivel mundial en los últimos tiempos.

 


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Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y teoría política.

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