Algunas claves para entender la revuelta popular e indígena contra el paquetazo neoliberal de Lenin Moreno en Ecuador

En circunstancias que los ojos del continente y el mundo se dirigen hacia Ecuador, con una gigantesca revuelta popular e indígena contra el «paquetazo neoliberal» que intenta implementar el Gobierno de Lenin Moreno, presentamos aquí algunas claves históricas para entender el momento actual, enfocándose principal pero no exclusivamente en la historia política y constitucional del país, y en particular, de su historia reciente y las coordenadas que marcan el escenario ecuatoriano desde la convocatoria a la Asamblea Constituyente, su desarrollo y principales temáticas y conflictos, y la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 en adelante.


Contenidos:

a. La construcción de la República del Ecuador, orden conservador-liberal, inestabilidad institucional y populismo velasquista, y apertura democrática.
b. Descomposición final de la partidocracia, irrupción de Rafael Correa y el movimiento Alianza País, y la Asamblea Constituyente de Montecristi de 2008.
c. La Constitución de Montecristi 2008, Gobierno de Rafael Correa y escenario post constituyente.
d. Algunas palabras sobre el Gobierno de Lenin Moreno y la revuelta popular de octubre de 2019.

*** Fotografías de la revuelta popular e indígena en Ecuador, Octubre de 2019.


 

Claves para entender la revuelta popular e indígena contra el paquetazo neoliberal de Lenin Moreno en Ecuador

 

a. La construcción de la República del Ecuador, orden conservador-liberal, inestabilidad institucional y populismo velasquista, y apertura democrática

 

Como en la mayor parte de los países de nuestro continente, Ecuador vivió desde sus inicios una extendida inestabilidad institucional y carencias de legitimidad del Estado, con unas elites cuya falta de unidad y falta de proyecto político mantuvieron lejos la inclusión de las mayorías en el ordenamiento estatal. Esto se expresó en una alta cantidad de constituciones y ejercicios “constituyentes”: veinte textos constitucionales desde la construcción del Estado en 1830, hasta hoy. En general, puede señalarse que esos procesos de cambio constitucional se dieron como resultado de los conflictos producidos por la fragmentación y disputa interna a las elites, fundamentalmente nucleadas en torno al esquema de liberales y conservadores, y en torno a los principales polos regionales, la sierra nucleada en Quito y la costa en Guayaquil. De todas formas, estas experiencias constituyentes se dieron en un contexto general de poca concordancia entre las normas jurídicas y constitucionales, y la realidad de la vida social y política del país, en una de las tantas experiencias de «Estados fallidos» latinoamericanos. Así, estos cambios constitucionales fueron a veces significativos entre una y otra constitución, pero también muchos fueron más bien reformas constitucionales, bajo la forma de asambleas constituyentes igualmente oligarquizadas que los respectivos congresos de cada época, y que tenían como objeto, principalmente, dar legitimidad jurídica a los reemplazos “de facto” de los sucesivos gobiernos. Tal cuadro fue modificado parcialmente tras la “Revolución Liberal” emergida en 1895 y encabezada por Eloy Alfaro, poniendo fin a la hegemonía conservadora previa con un reformismo social que se abrió paso de manera relativa en los años y décadas siguientes.

 

En ese marco histórico general, y con un siglo XX marcado por la inestabilidad institucional, en 1972 un golpe militar había destituido al Presidente José María Velasco Ibarra, el probablemente político más relevante del siglo ecuatoriano, que había sido cinco veces Presidente de la República, desde su primer mandato a partir de 1934. La relevancia del “velasquismo” contrasta de todas formas con la alta inestabilidad de sus mandatos y el fin abrupto de ellos (sólo en dos ocasiones terminó el período de su mandato), y la alta ambigüedad de sus postulados y políticas, en un “populismo” difícil de caracterizar pero que de todas formas incorporó a nuevos actores y sujetos a la escena política, similar a las tendencias de índole “nacional-desarrollista” de otros países del continente, junto a un no menor autoritarismo y centralización de poderes en su liderazgo. La dictadura militar que lo depuso tuvo dos etapas, una conducida por Guillermo Rodríguez Lara hasta 1976 y otra por un “Consejo Supremo de Gobierno” hasta 1979, triunvirato que organizó la transición de traspaso de los poderes a los civiles, con elecciones presidenciales en 1978 y la redacción de una nueva Constitución en 1979.

 

A partir de entonces se inicia un proceso de búsqueda de democratización e inclusión de las mayorías excluidas de la construcción estatal ecuatoriana, en el marco de una progresiva trayectoria de fragmentación y pérdida de proyecto político de las fuerzas tradicionales, que, de todas formas, siguieron en significativa medida padeciendo la poca eficacia institucional precedente. En todo caso, la Constitución de 1979 establecería una especie de monopolio de los partidos políticos sobre la participación electoral, con exclusión de posibilidad de presentar candidaturas independientes, cuestión que iría profundizando una “partidocracia” fundada en prácticas caudillistas y clientelares que iría acrecentando el descontento y rechazo popular. Por otra parte, dicho texto pondría ciertos avances democráticos como la consagración de las Consultas públicas o plebiscitos que serían de frecuente uso de ahí en adelante, y el reconocimiento del derecho al sufragio a los analfabetos, exclusión heredada que afectaba principalmente a la población indígena. Ahí, por fuera de tal esquema partidocrático, emergería un actor que será altamente relevante en la trayectoria constituyente, el movimiento de los pueblos indígenas, que ya en 1986 fundaría su principal referencia organizativa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, instancia que agrupaba a trece pueblos originarios y sostenida en tres grandes bloques acorde a las zonas territoriales del país: ECUARUNARI (de la Sierra), CONFENAIE (de la Amazonia), y COINCE (de la Costa).

 

El movimiento indígena tendría un punto de inflexión en junio de 1990, a mediados del Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), realizando un intenso levantamiento popular, con las exigencias de solución de los conflictos de tierras y las cuestiones relativas al reconocimiento de la plurinacionalidad en un documento de “16 puntos de la CONAIE”, que sería la base de sus posteriores construcciones programáticas y sería un importante insumo para los movimientos indígenas en todo el continente. Además de continuar a tropiezos la senda de profundización neoliberal, antes de finalizar el Gobierno de Borja, tras un diálogo y negociación facilitada por la Iglesia y algunas ONGs, adjudica más un millón de hectáreas en la Provincia de Pastaza, Amazonas, a las comunidades que habían protagonizado el levantamiento y marcha hacia Quito. Posteriormente, en junio de 1994 el movimiento indígena emprendería un nuevo ciclo de manifestaciones, bajo el título “Movilización por la Vida”, que da paso a nuevas discusiones y ciertas reformas a la Ley de Reforma Agraria. El Gobierno del Presidente Sixto Durán-Ballén (1992-1996) promueve una Consulta Popular en agosto de 1994, en el que finalmente se aprueba la posibilidad de presentación de candidaturas independientes, además de contener otras preguntas entre las que se contaba la cuestión de la reforma constitucional, que también fue aprobada.

 

Dando curso a lo anterior, el Gobierno de Durán-Ballén nombra una “Comisión de Notables” que elabora un proyecto de Reforma Constitucional que actualizaba la Constitución de 1979 al crecientemente dominante esquema neoliberal, expresado en múltiples leyes previas que fueron sitiando al texto constitucional vigente, limitando la actuación del Estado y de los gobiernos establecida en él. Pero a la vez, concedería algunas de las demandas impulsadas por la CONAIE y el movimiento indígena, como el reconocimiento de la multiculturalidad y las lenguas indígenas en sus áreas de uso, y el establecimiento de la educación bilingüe, dando un paso de superación de la noción de “nación mestiza” como referencia cultural, generándose una apertura a la multiculturalidad y la diversidad étnica del país. Junto con eso, desde una óptica integracionista promovida y financiada por el Banco Mundial, se crearían apoyos institucionales a proyectos productivos y fortalecimiento de las organizaciones indígenas y negras del país, cuestión que de todos modos también motivará rechazos desde las vertientes más consolidadas de esas organizaciones, en especial su intelectualidad y dirigencias. En noviembre de 1995, una nueva Consulta Popular impulsada por el Gobierno sobre once temáticas, muchas de ellas relacionadas con la cuestión constitucional, siendo derrotadas las propuestas del Gobierno en la totalidad de las preguntas planteadas.

 

La descomposición partidaria tuvo un nuevo episodio de amplificación con el triunfo en las elecciones presidenciales de 1996 del candidato Abdalá Bucaram, multimillonario guayaquileño cuya destitución, con alto protagonismo de las manifestaciones populares, inició un período de inestabilidad política e institucional ya no centrada en las disputas internas de las elites, si no más bien desencadenadas por las movilizaciones sociales. Intentando aplicar un duro plan de medidas de ajuste neoliberal, en enero de 1997 se gatilla una fuerte movilización popular, y en febrero de ese mismo año el Congreso Nacional lo destituye en un encrispado ambiente político, que incluyó incluso una declaración de la Embajada de Estados Unidos quitándole su apoyo a Bucaram en un escenario de alta injerencia externa y en especial por parte del gobierno estadounidense.

 

Bajo un período de interinato conducido por Fabián Alarcón, se realiza una nueva Consulta Popular en mayo de 1997, donde se aprueba la idea de convocar a una Asamblea Constitucional, y la ratificación de la destitución de Bucaram, siendo aprobado también el cambio al sistema de electoral. La Asamblea Constitucional, que se llamaría luego “Constituyente”, se instala el 20 de diciembre de 1997 y terminaría sus funciones en junio de 1998, con un predominio del “Bloque Mayoritario” compuesto por las fuerzas socialcristianas del Frente Radical Alfarista (del entonces Presidente), el Partido Social Cristiano, y Democracia Popular, que en conjunto tendrían 40 de los 70 asambleístas, versus los restantes de la “Convergencia Patriótica” compuesta por fuerzas progresistas y de izquierdas. Pero la ruptura del pacto entre los partidos del Bloque Mayoritario, gatillada por la discrepancia en torno a la privatización del sistema de seguridad social, modifica el cuadro de la asamblea y posibilita su apertura a algunas demandas sociales por en especial aquéllas del movimiento indígena en torno a sus demandas más específicas, y algunas otras relacionadas con derechos de participación política, descentralización administrativa, e incorporación del derecho internacional e interamericano de derechos humanos y sus cartas de derechos en el sistema jurídico interno. De todas formas, la Constitución de 1998 mantuvo muchas de las causas institucionales de la inestabilidad política, incluyendo un reforzamiento del presidencialismo que de nada sirvió a la gobernabilidad posterior, y por otra parte, contendría y propiciaría mayores grados de neoliberalización económica, afirmando constitucionalmente el previo desmantelamiento de los aspectos más progresistas en lo económico de la Carta de 1979.

 

La nueva Constitución entraría en vigencia en agosto de 1998, junto con la asunción del nuevo Presidente de la República, Jamil Mahuad. En un contexto de crisis económica y fuerte inestabilidad social, el Gobierno entre otras medidas decreta la dolarización en enero del 2000, cuestión que junto a un paquete de medidas de sumisión al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y frente al Gobierno de Estados Unidos (meses antes había autorizado la instalación de la Base Militar estadounidense en Manta, paradojalmente en el «Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro«), motivaría un nuevo alzamiento popular que lo terminaría por destituir, poniendo a la cabeza del Poder Ejecutivo a su Vicepresidente, Gustavo Noboa, quien encabezaría el Gobierno hasta enero del 2003. Lo sucede el ex militar Lucio Gutiérrez, que triunfa en las elecciones presidenciales de fines del 2002 con un discurso antioligárquico en una alianza amplia de fuerzas entre las que se contaba el propio movimiento indígena expresado en la fuerza política Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, expresión partidaria de la CONAIE.

 

b. Descomposición final de la partidocracia, irrupción de Rafael Correa y el movimiento Alianza País, y la Asamblea Constituyente de Montecristi de 2008

 

Lucio Gutiérrez había declarado un programa a favor de los intereses populares y contra la partidocracia, y decía expresar a las fuerzas nacionalistas y antineoliberales que venían manifestando su rechazo a las políticas libremercadistas y antinacionales impulsadas por los anteriores gobiernos. Forja una alianza con el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, y el Movimiendo Democrático Popular (hoy Movimiento Unidad Popular). Por su alianza con la CONAIE, nombra en su Gabinete cuatro dirigentes indígenas, entre los que destacan los ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a poco andar del Gobierno, rompe con el movimiento indígena y las izquierdas que lo apoyaron, viaja Estados Unidos en febrero de 2003 y firma ahí una “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional, confirmando un brusco viraje político y la posterior adopción de medidas económicas de tipo neoliberal, característica que marcaría su mandato.

 

Tales sucesos decantan en una progresiva pérdida de apoyos a su Gobierno, que se expresaría electoralmente en las elecciones de autoridades locales de octubre de 2004, donde su partido, Sociedad Patriótica, no eligió ningún prefecto de los 22 en elección, y sólo 22 de los 212 alcaldes. En noviembre, un sector de los partidos de oposición intentan promover su destitución constitucional, pero una alianza de Gutiérrez con el PRE (Partido Rodolsista Ecuatoriano) y el PRIAN (Partido Renovador Institucional Acción Nacional) evita tal posibilidad. Con esta nueva alianza, el Gobierno logra reconfigurar a su favor la composición de la Corte Suprema de Justicia, cuestión que tendría una particular relevancia en la cuestión relativa al posible regreso de Abdalá Bucaram que dependía de ella, con el eventual retiro de los cargos que se le formulaban.

 

Entre enero y marzo del 2005 la conflictividad social e institucional se agravaría, cuestión que tendría un detonante al hacerse efectiva la vuelta de Bucaram, el 2 de abril. Tal hecho enardecería el ya tenso ambiente, y el 13 de abril estalla una intensa revuelta social, en especial de las capas medias y medias altas, que terminó siendo conocida como la “revuelta de los forajidos”, por el apelativo que el mismo Gutiérrez usó contra los manifestantes. Con una alta novedad por las formas y la intensidad de la movilización, incluyendo una continuada paralización de Quito, el 20 de abril Gutiérrez es forzado a dejar la Presidencia y toma su lugar su Vicepresidente, Alfredo Palacio, quien tendría que en corto tiempo que reinstalar cierta normalidad institucional, con bajo apoyo partidario y una altísima crisis de representación y legitimidad del orden constituido. Intenta convocar una consulta popular para la activación de un nuevo proceso constituyente, pero un Tribunal Supremo Electoral ampliamente dominado por los partidos tradicionales, declara inaplicable el decreto a fines del 2005.

 

En ese inestable escenario social e institucional, se desarrollan las elecciones de octubre del 2006, parlamentarias y primera vuelta presidencial, resultando en primer lugar el candidato del PRIAN, Álvaro Noboa, y en segundo lugar, el economista Rafael Correa, quien con una campaña cuyo programa indicaba como punto central la convocatoria a una asamblea constituyente, no había presentado por esa misma razón lista parlamentaria, prometiendo superar la “partidocracia” existente. En segunda vuelta Correa triunfa con un 56 por ciento de los sufragios, asumiendo el 15 de enero y emitiendo al día siguiente el Decreto Ejecutivo n°2, con el que convoca a un Referéndum que activa el proceso constituyente, junto al cual se presenta el “Estatuto de Elección, Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Constituyente”. Alrededor de la dictación de estas normas girará una alargada disputa institucional sobre la constitucionalidad y legalidad de ellas, dada la inexistencia de norma jurídica previa que expresamente legitimara la activación del proceso constituyente. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negaría a pronunciarse sobre el tema, y remitió al Congreso Nacional las normas de la convocatoria constituyente. En el Congreso, los sectores más conservadores rechazan fuertemente la iniciativa, pero en votación del 13 de febrero del 2007, se aprueba con 57 votos a favor (de 100 congresistas en total) la convocatoria a Consulta Popular.

 

Sin embargo, en la mencionada decisión el Congreso modifica el proyecto inicial de Estatuto enviado por el Poder Ejecutivo, cuestión para la que tampoco tenía norma legal o constitucional expresa que la legitimara. Ante eso, el TSE desacata la decisión y emite una destitución de los 57 parlamentarios que la habían respaldado, cuestión que realizó, también, sin norma jurídica previa que lo avalase, pero en una decisión apoyada por el Presidente Correa y por la legitimidad social que había estado creciendo hacia la convocatoria constituyente. El Gobierno luego emite un nuevo decreto, repitiendo la pregunta de la convocatoria inicial, pero con las modificaciones al Estatuto formuladas por el Poder Legislativo. Por su parte, la oposición, mayoritaria en el Congreso, propuso agregar que “la transformación del marco institucional del Estado y la nueva Constitución, sólo entrarán en vigencia con la aprobación en referéndum, de la nueva Constitución”, cuestión con la que se pretendía encauzar el proceso y evitar las pretensiones de transformación más refundacional que proponían las fuerzas encabezadas por Correa.

 

En el intertanto, los congresistas promovieron algunas acciones frente a tribunales de primera instancia para intentar evitar su destitución. El Presidente del Congreso, por su parte, amparado en una resolución de la Corte Suprema, procedió a posesionar a 21 parlamentarios sustitutos de los que habían sido removidos, tras dos semanas de paralización del Congreso. El 3 de abril son suspendidas las sesiones del Congreso, y el Presidente del Congreso manifiesta que el conflicto de poderes entre la mayoría opositora en el Congreso y el TSE y los tribunales donde se había encauzado las acciones legales de los congresistas, lo decidiera el Tribunal Constitucional. El Consejo Nacional de la Judicatura, finalmente, hace efectiva la resolución del TSE y destituye al juez que había acogido el recurso de amparo constitucional promovido a favor de los congresistas destituidos.

 

Finalmente, tras estos tiras y aflojas dentro de los poderes constituidos, el 15 de abril se lleva a cabo la Consulta Popular de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que con una alta participación (el 71 por ciento del electorado habilitado) aprobó con un 81 por ciento el Sí a la activación del proceso constituyente, contra un 12 por ciento para la negativa, y algo menos de un 6 por ciento para votos nulos y blanco. En todo caso, la controversia intra institucional siguió por un tiempo, entre el Tribunal Constitucional, la mayoría de parlamentarios y su acciones judiciales por un lado, y el Tribunal Supremo Electoral y el Poder Ejecutivo y su minoría parlamentaria, por el otro, terminando finalmente en la cesación y reemplazo de los diputados opositores y la continuidad del proceso constituyente.

 

El 30 de septiembre de 2007 se realizan las elecciones para asambleístas constituyentes. El conglomerado de fuerzas encabezado por Rafael Correa capta el 62 por ciento de los escaños, obteniendo una mayoría inédita: de 130 constituyentes, al menos 86 son adherentes al proceso constituyente y la “Revolución Ciudadana” encabezada por el Movimiento PAIS. El 30 de noviembre se instala la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en la Ciudad Alfaro, Parroquia de Montecristi, nombre por la que sería conocida la asamblea y posterior Constitución. De inmediato la Asamblea Nacional Constituyente dicta su Mandato Constituyente n°1, con el que se declara “de plenos poderes”, plenipotenciaria, con miras a declarar el receso del Congreso e imponer sus decisiones al resto de los poderes públicos, cuestiones que sería objeto de larga controversia con los sectores opositores.

 

El 12 de diciembre la asamblea aprueba su Reglamento de funcionamiento, con el voto favorable de 86 de los 130 asambleístas, es decir, de las fuerzas favorables al proceso constituyente, en el que se reafirma el carácter plenipotenciario de aquella, y su superioridad frente a los poderes constituidos. Además, señala la continuidad de la vigencia de las normas vigentes, pero “con la excepción de lo que resuelva en sentido contrario la Asamblea Constituyente”. La ANC funcionará en 10 mesas, con una integración proporcional en cada una de ellas de la presencia de cada fuerza política, lo que daría a la coalición encabezada por Alianza PAIS la mayoría de 8 de 13 integrantes en cada una de ellas, cuestión que fue nuevamente motivo de reclamos por parte de la oposición, la que, además, activó una demanda por inconstitucionalidad contra el primer Mandato Constituyente, que será rechazada después por el Tribunal Constitucional.

 

En las primeras semanas del 2008, la oposición aglutinó sus fuerzas en torno a la movilización principalmente nucleada en Guayaquil, cuestión que decantó en un llamado “Mandato de Guayaquil” que proponía la defensa de la autonomía municipal guayaquileña y la limitación del Estado central, entegado por una comitiva que viajó de Guayaquil hasta Montecristi. La demanda regionalista encabezada por la elite y capas medias altas guayaquileñas se constituye en la principal fuente de oposición al proceso y el proyecto constitucional de las fuerzas de la revolución ciudadana, pero de todas formas no consiguen lo central de sus propósitos, en cuanto a trabar el desarrollo del proceso. Otro factor de disputa se desencadenó entre las propias fuerzas del proceso, cuando se debatió la posibilidad de ampliar el plazo de trabajo de la Asamblea, pues el debate, acuerdo y elaboración del texto había tardado más de lo pensado, a la mirada de una parte significativa de las fuerzas que habían impulsado el proceso. La negativa de la conducción gubernamental a la prórroga del plazo, con el argumento de no darle margen a la oposición para rechazar el cambio de las normas de convocatoria de la asamblea, sería el gatillante de la renuncia del Presidente de ésta, el economista Alberto Acosta, que finalmente fue decantando hacia una postura crítica frente al proceso y el propio Gobierno, y luego, abandonando el Movimiento Alianza PAIS, junto a otros sectores que tomaron similar posición.

 

Con lo anterior, a una amplia fase de deliberación, debate y presentación de propuestas, con una alta incidencia de la participación popular y de los equipos cercanos al Presidente de la ANC, le sucedió una fase más “decisional”, de mayor preponderancia del Poder Ejecutivo y su equipo de trabajo permanente constituido para este efecto, que finalmente concentró gran parte de la redacción final del texto. Así, al momento de la renuncia de Acosta a la Presidencia de la asamblea, se habían aprobado algo más de 100 artículos, de los más de 400 que contendría finalmente. Tras esa trayectoria, el 24 de julio la ANC finaliza la labor de redacción de la nueva Constitución, siendo aprobado el texto con el voto favorable de 94 de los 130 asambleístas constituyentes. Luego, se da curso a la campaña por el Referéndum Constitucional sobre el proyecto presentado, que se verificará el 28 de septiembre, siendo aprobada la nueva Constitución con el voto favorable del 64 por ciento de los votos emitidos, con una oposición principalmente concentrada en los barrios de la clase media y alta, y las elites políticas y económicas guayaquileñas. Finalmente, tras unos últimos actos relativos a las facultades legislativas que se le habían concedido, la ANC finaliza sus funciones el 25 de octubre.

 

 

c. La Constitución de Montecristi 2008, Gobierno de Rafael Correa y escenario post constituyente<

 

La Constitución de 2008 o “de Montecristi” terminó incluyendo una gran variedad de innovaciones constitucionales, inéditas en la historia del país, y también a nivel de la historia constitucional mundial. Modificó la estructura institucional creando nuevos organismos, constitucionalizó nuevos principios como el “Buen vivir” o “Sumak Kawsay”, instauró el reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado y su aplicación en torno a los derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes, incorporó de manera sistemática propuestas e instituciones derivadas tanto del llamado “neoconstitucionalismo” europeo de posguerra como del “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, formuló un amplio catálogo de derechos bajo una intención ampliamente garantista de instaurar diversas formas de exigibilidad de los derechos en ella consagrados, estableció un marcado énfasis por la participación ciudadana y la reformulación del organigrama de poderes del Estado en función de ella.

 

El nuevo texto constitucional estableció una nueva estructura y lenguaje del texto constitucional, bajo la pretensión de ser difundida y apropiada por el conjunto de la ciudadanía, intentando superar el lenguaje extremadamente técnico tan común en las normas jurídicas de todo tipo. En otra de sus innovaciones, aborda cuestiones propias de las problemáticas y demandas más actuales, como la cuestión ambiental y de género, el ordenamiento territorial, el reconocimiento de formas de economía popular y solidaria, y de régimenes de propiedad adicionales al tradicional de la propiedad privada.

 

En general, y acorde al título de “Revolución Ciudadana” del proceso constituyente, es una carta fundamental que intenta sentar las bases de una democracia participativa, pero que fue y sigue siendo criticada, también, por continuar el antiguo presidencialismo y concentración de poderes tan presente en la historia institucional de nuestro continente, cuestión reforzada, a nivel ya más propiamente político, por el liderazgo del proceso por parte del Presidente Rafael Correa y el movimiento Alianza PAIS. En ese marco de tensiones, y dada la impronta abiertamente desarrollista que ha predominado en la acción gubernamental, buena parte de los apoyos venidos del movimiento indígena y los sectores urbanos afines a él, y algunos de los espacios de izquierdas, han terminado por restar su apoyo y/o participación al Gobierno, cuestionando entre otras cosas, el haberse estado desvirtuando los contenidos y propuestas de la Constitución del 2008.

 

Entre esas cuestiones, lo anterior se expresó en el Referéndum Constitucional y Consulta Popular promovido por el Gobierno y llevado a cabo en mayo del 2011, siendo objeto de duras críticas por parte de algunos de sus anteriores aliados, como la CONAIE, el Pachakutik, el Movimiento Democrático Popular (ahora Movimiento Unidad Popular), y la Ruptura de los 25, y una parte de los intelectuales y redactores de la “Constitución de Montecristi”. Los cuestionamientos a las propuestas del Gobierno (agrupadas en cinco preguntas del Referéndum Constitucional, y cinco sobre otras materias) se centraron en la crítica al reforzamiento de los poderes presidenciales (por ejemplo en torno a su incidencia sobre los medios de comunicación), y la relativización de los compromisos garantistas, en especial en materia penal. Y más allá de dicho Referéndum y Consulta, en una aplicación de los principios y normas constitucionales por parte del Gobierno y de otras instancias estatales, que, se critica, tienden a relativizar los contenidos más de avanzada del texto constitucional y del proyecto de transformaciones que, en palabras de Correa, son “más que una época de cambios, un cambio de época”, frente a lo cual, se ha interpelado desde los sectores críticos, más bien se tiene una continuidad de esquemas extractivistas en lo económico y concentradores de poder en lo político

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Entre estas tensiones, especial resonancia tuvo la confrontación entre el Gobierno y los movimientos indígenas y socioambientales por el marcado perfil “desarrollista” de aquél (criticado como “extractivista”), que ha tenido como hito el conflicto en torno a la iniciativa Yasuní, reserva ecológica que en un principio era un proyecto gubernamental de conservación del patrimonio ambiental y cultural declarando su abstención de explotar las reservas petroleras ahí presentes. Al no contar con patrocinantes en la comunidad internacional el proyecto de explotación petrolera se reactivó, lo cual enfrentó duramente a los movimientos indígenas y otras fuerzas sociales con el Gobierno, en una ilustrativa muestra de otros conflictos similares (como el que estalló en torno a la construcción de una carretera sobre el TIPNIS en Bolivia), suscitados por la tensión entre la promoción de un nuevo modelo social y de desarrollo basado en el “buen vivir” y la democracia participativa, con las tendencias desarrollistas y extractivistas que dominan la escena nacional, continental y global, y que implican un fuerte componente de concentración de decisiones en torno a la conducción gubernamental y no pocos escenarios de criminalización y represión frente a las protestas y disidencias sociales y populares, cuestión que si bien es más marcada bajo los gobiernos directamente derechistas y neoliberales, también ha estado y está presente en los gobiernos progresistas y de izquierdas.

 

De todas formas, tras casi una década desde su promulgación, y hasta el traspaso de la Presidencia desde Rafael Correa a Lenin Moreno, la nueva Constitución efectivamente propició niveles de legitimidad y eficacia institucional bastante excepcionales en la historia ecuatoriana y regional, dando lugar a un sostenido desarrollo económico y a extensivas políticas sociales redistributivas, factores que han sido fundamentales en cuanto a mantener un cuadro de significativo apoyo popular en los escenarios electorales posteriores para las fuerzas del Gobierno encabezado por Alianza PAIS. En todo caso, las carencias institucionales y políticas de este entramado político, dio curso a un nuevo período de Gobierno esta vez bajo la presidencia de Lenín Moreno, que, como ya es patente mirado desde los sucesos del ya histórico octubre de 2019, significó un punto de inflexión retardatario, que viene a echar marcha atrás o en sentido opuesto a las propuestas contenidas en la Consitución de 2008, y las demandas sociales que expresó.

 

 

d. Algunas palabras sobre el Gobierno de Lenin Moreno y la revuelta popular de octubre de 2019

 

La creciente movilización popular contra el “paquetazo neoliberal” impulsado por el Gobierno de Lenin Moreno recorre nuevamente ciertas trayectorias y repertorios de protesta y organización que se habían visto en los años anteriores al ascenso de la “Revolución Ciudadana” y en el proceso que dio curso a la Asamblea Constituyente que decantó en la Constitución de 2008. También, muy significativamente, con protagonismo de los actores que se habían estado enfrentando a los aspectos considerados “personalistas” y “extractivistas” del modelo político y económico que encabezó Rafael Correa, en especial, el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, el movimiento de trabajadores (la CUT ecuatoriana), el profesorado (la Unión Nacional de Educadores UNE), y las fuerzas y referencias políticas situadas “a la izquierda” del correísmo, como el Movimiento Unidad Popular o el Movimiento Pachakutik, para citar algunas referencias. Las fuerzas aglutinadas en torno al liderazgo de Rafael Correa, en el Movimiento Revolución Ciudadana, por su parte, son parte central de la oposición al Gobierno de Lenin Moreno, y en buena medida enfrentado en numerosos conflictos intra institucionales con el actual Gobierno, como las situaciones judiciales de Rafael Correa, y del ex Vicepresidente de la República, Jorge Glas, o los enfrentamientos que se han suscitado en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

De todos modos, la deriva neoliberal y antipopular de Lenin Moreno fue una tendencia que se pudo apreciar desde los inicios de su mandato presidencial, en un brusco viraje político “a la derecha” que recuerda la trayectoria similar que intentó ejecutar Lucio Gutiérrez. Además de la polarización que generó con los sectores de Alianza PAIS que se alineaban con Rafael Correa, esto se pudo apreciar nítidamente en sus continuos y crecientes acercamientos a la geopolítica del Gobierno de Estados Unidos hacia el continente, alineándose con las derechas regionales en el bastante polarizado escenario político continental en los escenarios más candentes del último tiempo (Nicaragua 2018, Venezuela 2019), el inicio de reinstalación de la base militar estadounidense en Manta y la apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad con la superpotencia militar, la integración de su Gobierno, sin matices, en el “Grupo de Lima”, y las medidas que tomó desde un inicio sobre el asilo de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, finalmente poniéndole fin.

 

En el escenario actual, por cierto, las diferencias y fisuras que se vivieron anteriormente entre los dos grandes polos impulsores del proceso constituyente siguen vigentes, aunque, con todas las críticas que se le hicieron al Gobierno de Correa, en las mayorías sociales es creciente la revaloración de lo logrado durante su mandato presidencial, en relación a la obstinada derechización que se ha visto de parte del de Lenin Moreno. La posibilidad de una pronta constitución de un nuevo Gobierno interino y/o nuevas elecciones, pone un desafío para las fuerzas de transformación con miras a que la caída, pronta o en el mediano plazo, del Gobierno de Lenin Moreno, se dé desde las fuerzas progresistas, de izquierdas y populares, y no desde una recomposición neoconservadora, como la que expresa hoy el Partido Social Cristiano y las elites nucleadas en especial en Guayaquil, a donde el propio Lenin Moreno ha trasladado su Gabinete, y donde se encuentra en evidente situación de acorralamiento, mientras se escriben estas líneas.

 

La coyuntura ecuatoriana descrita se da en un contexto regional bastante particular, en el que pareciera estar viviéndose un nuevo punto de inflexión que modifica parte del cuadro de los años previos. Tras algunos tiempos donde los análisis han estado centrados en un supuesto «fin del ciclo» progresista y/o de izquierdas, y la derrota o repliegue de buena parte de sus experiencias referenciales, ya a fines del 2019 es notoria la existencia de múltiples factores o variables que relativizan tal idea. Ya sea por la indesmentible capacidad de resistencia de los gobiernos y procesos que han sufrido asedios y ataques de mayor envergadura (Nicaragua 2018, Venezuela 2019), como por el eventual pero muy probable triunfo de la fórmula Fernández – Fernández en Argentina, y en vísperas de las elecciones también en Uruguay, Bolivia, y las locales en Colombia, puede señalarse que es muy probable que el 2019 cierre con un relativo repliegue de las derechas más duras del continente, que habían tenido con los triunfos de Macrii (2015), Bolsonaro (2018), y la difícil situación para el Gobierno Bolivariano en Venezuela desde al menos el 2015, algunos años de avanzada y ofensiva prácticamente generalizada a lo largo y ancho del continente. Las complejidades de aunar distintos programas y expectativas de transformación en el campo de las izquierdas y progresismos, de los movimientos sociales y políticos de vocación de cambio, de constituir polos de «unidades en las diversidades» en fuerzas que han tenido y tienen no pocas divergencias internas y externas, vuelven a asomarse como desafíos de los que dependerá un reimpulso de los diversos proyectos de emancipación y democratización social para el Ecuador y el conjunto de los países de nuestro continente.

 


Lista de videos sobre el proceso constituyente en Ecuador y la Constitución de 2008:

Lista de videos sobre Historia de Ecuador:

 


Enlaces y notas:

 

Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y teoría política.

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