Ex Armada propone acciones de contrainsurgencia en territorio mapuche

Por Facundo Valderrama

En el sitio digital de la Revista de la Marina (dependiente de la Armada de Chile) fue publicada este 3 de septiembre una columna escrita por el ex director de Inteligencia de la institución entre el 2013 y el 2016, Oscar Aranda, llamada «Operaciones COIN en la Araucanía: del Ajedrez al Go», título tal vez poco interesante para la mayoría de la ciudadanía no acostumbrada a la jerga militar, en donde «COIN» significa nada más ni nada menos que contrainsurgencia. Y es que el texto precisamente busca justificar la legitimidad de la realización de acciones de ese tipo (policiales y eventualmente militares) en el territorio mapuche, para luego debatir sobre distintas estrategias de intervención asociadas a dos clásicos juegos de estrategia: el Ajedrez y el Go chino.

Sin embargo, y a pesar de lo básico y pobremente escrito que está redactado el texto (soprendente para quien fue considerado como un candidato a suceder a Luis Masferrer en la dirección de la Agencia Nacional de Investigaciones, ANI), éste tiene una serie de elementos que parecen a lo menos preocupantes y que es necesario difundir y esclarecer, puesto que manifiesta la intención, en repetidas ocasiones, de la necesidad de una intervención militar, en el preciso momento en que el Estado de Catástrofe por la Covid-19 le otorga poderes extraordinarios a militares, y que el Jefe de la Defensa Nacional en la Provincia de Arauco (y todo el Biobío) es el contraalmirante Carlos Huber, de la misma Armada de Chile.

 

Invitación a una intervención militar

Si bien indica que la «decisión de emplear medios militares o exclusivamente policiales en la neutralización de las acciones irregulares es política», más de una ocasión señala la conveniencia de la integración de fuerzas militares en el Wallmapu. Agrega que las «fuerzas militares sólo coadyuvan en la solución del problema que representa el fenómeno de insurgencia, complementando el esfuerzo policial cuando este [SIC] se ve sobrepasado».

Sin embargo, posteriormente Aranda es más enfático. Señala que el Estado debe cortar suministros financieros a la insurgencia y sociabilizar una solución política al conflicto «mejorando la presencia del Estado en la zona afectada y con asegurar un marco legal adecuado para el empleo de los medios militares que se decida utilizar». Se ve que nuevamente hay una invitación a que el Estado (mediante las decisiones del Ejecutivo) decida emprender acciones abiertamente militares en el territorio.

Un poco más adelante, cuando esboza un diseño de estrategia horizontal de contrainsurgencia puntualiza: «Lo militar debe actuar de consuno con otros medios del Estado, reforzando la solución multisectorial a la problemática de fondo que sustenta el apoyo a la insurgencia», para posteriormente en el punto siguiente señalar que es necesario «conservar la legitimidad del actuar militar en terreno. En COIN, el soldado se convierte en un ‘diplomático’ en terreno»

Todo esto nos hace pensar que este texto, además de hablar de estrategias militares (en una reducción bien pobre a dos juegos de mesa, ciertamente) lo que hace es invitar a incluir a los militares a hacerse parte en un conflicto que ya desde el actuar de Carabineros está bastante militarizado, tanto en sus tácticas, armamento, tecnologías como en el uso de la violencia institucional.

 

¿Qué es la contrainsurgencia?

Bien podríamos ser como Oscar Aranda y citar manuales de potencias militares que han ejercido relaciones de colonialismo y dependencia con nuestro país (como lo son España o Estados Unidos) o bien basarnos en lo que la contrainsurgencia (COIN) ha significado y operado en la historia reciente.

Generalmente se entiende a la contrainsurgencia como una serie de operaciones militares o de tipo militar (por muy «holísitica» que sea la aproximación como señala Aranda, la base es siempre la acción militar y de inteligencia) contra una fuerza o grupo sin ser reconocido éste como beligerante. En otras palabras, se reconoce al enemigo como una fuerza a enfrentar militarmente, pero negándole su capacidad de sentarse a negociar y el reconocimiento a las normas del Derecho de Guerra. O sea, con una fuerza considerada como «insurgente», todo vale, de acuerdo a la doctrina de la contrainsurgencia.

La «COIN» es una acción estatal, militar o policial (usando técnicas militares, como en el Wallmapu) y que ocupa una serie de maniobras de todo tipo para doblegar, suprimir, neutralizar, demoralizar y/o deslegitimar a su oponente. Para ello se vale de técnicas de guerra tradicional, obtención de inteligencia e información crítica, operaciones para dañar la logística de la fuerza denominada (siempre unilateralmente) como insurgente, operaciones de guerra psicológica y de propaganda para minar la base y legitimidad social del grupo que se pretende enfrentar, e incluso la realización de asesinatos y torturas a líderes, miembros del grupo considerado como «insurgente», o población civil cercana.

Un ejemplo de la realización de todas estas tácticas fue la intervención francesa en la guerra que libró contra el pueblo argelino para evitar su independencia (1954-1962). Ahí, los militares franceses ocuparon la tortura sistemática para intentar suprimir al Frente de Liberación Nacional Argelino y la población civil que les prestaba apoyo. Este sistema, que no escatima en medios para acabar con el oponente, es la base de la mayoría de los enfoques actuales de esta doctrina.

Sin ir más lejos, la historia de la contrainsurgencia está íntimamente ligada a la historia de las potencias colonizadoras buscando oprimir y mantener la ocupación en territorios en donde surgen movilizaciones emancipatorias. Así lo queda claro en el libro A History of Counterinsurgency (2015) editado por Gregory Fredmont-Barnes, en donde prácticamente todos los casos estudiados versan sobre potencias imperiales realizando acciones militares en contra de grupos que buscan librarse del yugo de la colonización: Sudáfrica, Irlanda, Medio Oriente, Indochina, Malasia, Kenia, Argelia, etc. Pareciera que el mote de «insurgentes» es muy proclive a ser usado por estados colonialistas para referirse a quienes quieren liberarse de su yugo.

Asimismo, aprendida de la experiencia francesa en Argelia, bajo la fatídica «doctrina interior del Estado» se aplicó en los años 70 y 80 en las dictaduras militares instaladas por la CIA en América Latina en contra de la oposición política de izquierda, como los crímenes de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas y Orden en Chile entre 1973 y 1990.

 

En Arauco la intervención militar ya comenzó desde el aire

Tal vez, si sólo se tratase de palabras, nada de esto sería tan grave. Sin embargo el contexto de la crisis social y sanitaria, el estado de catástrofe que le ha otorgado enormes potestades a las ramas militares en las distintas regiones del país, hace que la opinión de Aranda se torne a lo menos inquietante.

El 29 de julio salió publicado por este mismo medio una investigación sobre los vuelos realizados por el avión Casa C-295 Persuader (de la Armada de Chile) en el territorio mapuche en la Provincia de Arauco, avión diseñado para, -además de detectar submarinos- realizar operaciones de reconocimiento e inteligencia, contando con cámaras de alta resolución e infrarrojas, y otros dispositivos que permiten detectar señales electromagnéticas (ELINT) e interceptar comunicaciones (SIGINT).

El accionar del avión responde a lo que el mismo director de inteligencia de la Armada refiere como como uno de los elementos de su estrategia de contrainsurgencia, que es «Explotar la superioridad tecnológica y particularmente de ISR». Con ISR se refiere a inteligencia, vigilancia y reconocimiento (intelligence,  surveillance,  and  reconnaissance en inglés), tarea que un avión con las capacidades descritas en el párrafo anterior puede realizar perfectamente ¿O acaso vamos a creer que están buscando submarinos o monitoreando pesca ilegal en las costas de Tirúa, volando principalmente sobre tierra?

 

Otros aspectos alarmantes del artículo de Aranda

Los anteriores no son los únicos elementos preocupantes del texto. De hecho, hay algunos en que el Estado ya ha ido avanzando, por ejemplo, respecto a la existencia de un modelo que permita actuar «sin entrabar las operaciones por la división administrativa de la zona afectada por la insurgencia». Esto es lo que precisamente se buscó con la instauración de la llamada Macrozona Sur creada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que en el 2018 se le dotó de un Área de Coordinación Estratégica de Carabineros y Policía de Investigaciones para las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos.

Además de ello, el texto señala que uno de los objetivos de este enfoque de contrainsurgencia es «recuperar los territorios conquistados, dejando claro que no existen santuarios para la insurgencia». Cabe preguntarse, legítimamente, que de acuerdo a las ensoñaciones del otrora director de inteligencia de la Armada, se referirá a arremeter en contra de las recuperaciones territoriales mapuches que se han logrado en los últimos años.

Esto se ve aun más preocupante puesto que dos puntos más abajo señala que se debe «inducir a la confrontación en condiciones favorables», en otras palabras, está reconociendo que tanto fuerzas militares como policiales deberían tomar la iniciativa y ya no reaccionar, sino producir enfrentamientos que le den ventaja en términos militares.

Y finalmente, uno de los más alarmantes es el último desarrollado por Oscar Aranda: «Desarrollar operaciones de información que actúen socavando la voluntad, el apoyo y la capacidad de procesar informaciones en el liderazgo insurgente». Éste, si bien a primera vista no parece tan inquietante, es porque es necesario dar a entender que las operaciones de información comprende una serie de subcategorías tales como la Guerra Electrónica, Operaciones Psicológicas (desde la propaganda hasta las acciones de «shock y pavor», como las realizadas por el ejército estadounidense en Irak en 2003)

Señala en este sentido, que «se debe buscar apoyo mayoritario de la prensa seria» para que exista un respaldo comunicacional de las acciones militartes y policiales emprendidas. Y esto no se logra sólo con dar una buena imagen y dar señales de buen comportamiento, se logra con afianzar relaciones con medios hegemónicos, buscar instalar ideas a través de estos (como la tan recurrente mención de que hay una relación entre el movimiento mapuche y el narcotráfico, donde periodistas de esos medios aceptan sin cuestionar el nulo sustento real de dicha afirmación) y realizar lobby que permita un contacto más directo y «favorable» de la versión policial, militar o estatal de lo que ocurre al sur del Río Biobío.

Ante todo esto, y ante el avance de las tácticas y estrategias de contrainsurgencia en el territorio mapuche, cabe preguntarse ¿Es Chile un Estado Contrainsurgente? Por mi parte, la única duda es si ya lo es, o si va firmemente encaminado a serlo.

 

Publicado en resumen.cl  23 de septiembre de 2020

Comparte tu opinión o comentario