GADFA sobre los hechos en el Wallmapu: Hay un riesgo de un estado de excepción permanente

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos recientemente en Wallmapu, criticando la estrategia de militarización del gobierno, supeditada los intereses de la derecha y los empresarios locales.

Recordemos que esta es una centenaria herida abierta, legada de la colonización española, que el estado chileno, salvo contadas excepciones, no ha hecho más que mantener y que recientemente los gobiernos de la concertación y la derecha no han hecho más que profundizar. Desde fines de los 90, luego de una forzada tranquilidad, diferentes sensibilidades del pueblo mapuche han ido fortaleciendo sus posiciones y acciones en pos de la autonomía lo cual ha traído un sinnúmero de conflictos con el estado chileno hasta el día de hoy.

La misiva señala que la escalda de violencia y los dicursos alarmistas del gobierno solo producirán una escalda del conflicto antes que una verdadera solución. Esto, junto con la serie de proyectos de ley enviados al congreso abren, a su juicio, la ventana a una suerte de estado de excepción permanente que atenta gravamente contra la democracia. En resumen, la incapacidad política y la crisis del orden neoliberal, lleva a la derecha a borrar la barrera entre el orden público y la defensa, la seguridad y la guerra.

El comunicado, cierra indicando que el verdadero camino para solucionar la histórica demanda del pueblo mapuche es el diálogo y la democracia.

 


POR UNA SOLUCION POLÍTICA Y NO MILITARIZADA EN LA ARAUCANÍA

 

Vemos con preocupación las afirmaciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, que  en su primera visita a la Araucanía y ante las protestas de comuneros mapuche, sin proporcionar evidencias, afirmara: “estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, capacidad operativa y logística, que están decididos a que no exista paz y tranquilidad; y eso es lo que tenemos que combatir, y lo vamos a combatir”. Sus palabras impulsaron a grupos de civiles a violentas agresiones, de corte racista, contra estos manifestantes.

Este enfoque refuerza una gestión de gobierno caracterizada por entrenar militarmente a Carabineros e involucrar a los militares en esta conflictiva zona. Esta militarización agrava una situación cuya solución  es necesariamente  política y que no puede radicar en la  imposición de la fuerza. Ésta sólo lleva a escalar el conflicto a un nivel de violencia que fracturará aún más la convivencia en la región tensionando el carácter democrático del Estado de Chile.

En medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el país, con dramáticas consecuencias económicas para gran parte de la población, el gobierno ha enviado al Congreso un conjunto de proyectos de ley que profundizan el rol de las Fuerzas Armadas en el orden interno y debilitan aún más el ya escaso rol civil en la defensa: la modificación del Sistema de Inteligencia del Estado; el proyecto de Infraestructura Crítica; el que limita la Cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional (CPI); y, fortaleciendo su autonomía corporativa, el proyecto que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional.

Estas propuestas abren la ventana a una suerte estado de excepción constitucional permanente, con amplias facultades de acción interna para las FFAA, sin control del Congreso, avalando el incremento de la autonomía y poder de los cuerpos armados. Tal política es un ataque al corazón de nuestro régimen democrático al reinstalar la lógica del “enemigo interno” que tanto daño causó hasta hace no muchas décadas. Nunca más se debe confundir orden público con guerra. En un estado de derecho, el orden público debe priorizar la defensa de los derechos de la ciudadanía, muy distinto al combate militar.

Involucrar a las FFAA en un conflicto de esta naturaleza desnaturaliza el rol castrense incorporando el orden público como una función militar permanente. Expone a las instituciones armadas al peligro de una corrupción operativa, en que la presión por obtener resultados a corto plazo relativiza la centralidad de los derechos humanos en su accionar, tal como ocurrió con Carabineros de Chile en la misma región.

Instrumentalizar a las instituciones armadas. para responder a las exigencias de ciertos sectores de la derecha y del empresariado local, quienes plantean que para hacer frente a la crisis que se vive en la Araucanía se necesita más autoridad y menos diálogo y democracia, es continuar erosionando la profesión castrense.

Frente a la militarización del orden público y de la Araucanía, en particular, hacemos un llamado para que las autoridades del gobierno no continúen por este equivocado camino, así como a las diversas fuerzas políticas del Congreso y de la sociedad civil para que estén atentas y ejerzan control ante estos intentos de debilitar nuestra democracia.

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