La amenaza de “venezuelización” como argumento político-electoral de la derecha internacional

Por: Camilo Godoy y Felipe Román

Así como durante gran parte del Siglo XX, la Unión Soviética y posteriormente Cuba fueron los arquetipos políticos que la derecha internacional utilizó para amedrentar ante un posible giro progresista a lo largo del mundo, en la actualidad Venezuela ha sido utilizada a través de diferentes campañas electorales como una amenaza. Ello, con el explícito fin de polarizar el debate y generar un falso dilema entre capitalismo y madurismo, como únicos ejes ideológicos sobre los cuales la discusión política y las opciones programáticas pueden discurrir.

Lo que parece peligroso, junto con la clausura de debate que estas falsas dicotomías plantean es la división que ellas generan y el efecto cortina de humo respecto de los debates programáticos de fondo, toda vez que nos enfrentamos a una diversidad de movimientos y liderazgos políticos ante los cuales la amenaza venezolana se esgrime: desde movimientos cercanos a una socialdemocracia moderada o de centro, como en el caso de la Fuerza de la Mayoría en Chile o el PT en Brasil, pasando por la centroizquierda ampliada del Frente Amplio en Uruguay a una izquierda más definida, pero no por ello madurista, como en el caso de Unidas Podemos en España, Jeremy Corbyn en el Partido Laborista británico, Andrés Manuel López Obrador en México o el Frente de Todos, en Argentina. Todos ellos ejemplos de fuentes ideológicas muy diversas y cuyas tradiciones se contextualizan en las realidades locales y políticas de cada país.

Sobre lo anterior, nos parece importante situar históricamente este tipo de debates. Primero, la cuestión de la Unión Soviética se enmarcaba dentro de un contexto histórico muy específico, en el cual tanto Estados Unidos como la URSS generaban macrozonas de influencia. Así, si bien la estrategia de “revolución en un sólo país” fue implementada por Stalin el año 1925 en desmedro de la tesis internacionalista de “revolución permanente”, sostenida por Trotsky (2011-1929-), la URSS sí generó una influencia directa en ciertos procesos, dentro de su radio de acción y contra los países que, al interior de este eje, buscaban generar mayores grados de autonomía respecto de sus políticas (Hobsbawm, 1998: 396-399). Sin embargo, los intervencionismos de EEUU y la URSS no son idénticos y en el caso de esta última, fueron sostenidos de manera variable, en función de los cambios en los liderazgos de la cúpula soviética y también en función de conflictos específicos de la Guerra Fría. Cuba, por su parte, no ha desarrollado una política expansionista sistemática, sino que más bien ha buscado participar en las instancias de integración regional, intentando generar alianzas político-comerciales, con una estrategia internacional basada en la exportación de profesionales (mayoritariamente médicos). Así, si bien durante el siglo XX la nación cubana cooperó directamente con otras experiencias socialistas, tras la caída de la URSS su eje de acción se ha centrado más en construir alianzas de colaboración regional -debidas, principalmente, a su necesidad de subsistencia producto del bloqueo- que en difundir su ideología. China, por su parte, desde 1978 con la progresiva apertura económica del gobierno de Den Xiao Ping, privilegió a nivel de relaciones exteriores una vinculación pragmática antes que ideológica, con una visión comercial en base al capitalismo de Estado.

Qué cabe decir para el caso de otras experiencias socialistas vigentes, con acercamientos a países vecinos y en algunos casos con participación en alianzas y acuerdos regionales, pero reacios a influir programáticamente fuera de sus fronteras, más allá de sus “socios ideológicos”. Todos ellos hacen prevalecer criterios antes pragmáticos que ideológicos. En esa línea, podemos ubicar a países con un cierto multilateralismo, como Laos1, Vietnam y, en menor medida, Nepal. Y en un eje más cerrado a Corea del Norte (Muñoz Bravo, 2007). Sobre lo anterior, se hace necesario recalcar que la caída de la URSS significó para la totalidad de los países socialistas que la sobrevivieron, una re-orientación drástica hacia una estrategia en la cual lo pragmático comenzó a tomar fuerza y lo ideológico se mantuvo, pero de manera diferente: incluso la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), dentro de Latinoamérica y el Caribe fue concebida como una instancia de mutua colaboración entre países afines al socialismo del Siglo XXI y Cuba. No como una instancia de difusión de propaganda o de expansión ideológica. En ese sentido, y para el caso venezolano actual, cientistas políticos locales han señalado recientemente que “Caracas actualmente no tiene la intención ni el poder militar, económico o político de enfrentarse a ningún actor político importante o alterar la dinámica de la región [latinoamericana y caribeña]” (Pina, en Al Jazeera, 28 de Noviembre, 2019). Menos aún de amenazar o alterar la dinámica mundial.

Ahora bien, respecto a este último caso, parece llamativo que la derecha internacional, empeñada siempre en recordar el fin de la Guerra Fría y el ocaso del socialismo real, mantenga este tipo de dicotomías o amenazas, tan propias de aquella época histórica. Por citar algunos ejemplos, en Sudamérica hemos observado alusiones a la “amenaza venezolana” durante recientes procesos eleccionarios: la campaña política de Alejandro Guillier (2017), en la cual la actual diputada de derecha Erika Olivera señalaba: [la amenaza venezolana] “es lo que veo para el futuro de nuestro país si seguimos así. Lo más probable es que vayamos hacia allá y eso es lo que yo como persona de esta sociedad no quiero eso para mi país, no quiero eso para Chile» (La Tercera, 21 de Noviembre 2017). Guillier representaba una opción moderada, en consonancia con lo realizado por el gobierno de la Nueva Mayoría (2014-2018).

En Brasil, el 2018, partidarios de Bolsonaro recurrieron a la amenaza de venezuelización frente a la segunda vuelta entre dicho candidato y Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT). Se culpaba al PT de idolatría o complicidad con el chavismo. Se exhibían imágenes de Venezuela que revelaban la profunda crisis humanitaria del país. Como resultado, durante ese año “las búsquedas por ‘Venezuela’ en Google alcanzaron en octubre su peak más alto desde el comienzo de la serie histórica en 2004” (La Prensa Austral, 24 de octubre 2018). En este caso, el PT y Haddad en particular, que se habían distanciado discursiva y programáticamente de las variantes autoritarias, señalaron que el argumento venezolano se utilizaba como distractor para eludir los debates de fondo.

Algo similar aconteció en la reciente elección en Argentina (2019), en la que el entonces Presidente Mauricio Macri pedía el voto recurriendo a la amenaza de venezuelización. Conocidas son las distancias comunicacionales y programáticas entre la izquierda de Alberto Fernández y la de Maduro, por declaraciones recientes (Infobae, 8 de Febrero, 2020) e incluso anteriores a su elección (Nuevos Papeles, 06 de Julio 2019) por parte del actual Presidente argentino.

En este sentido, podemos entender parcialmente lo anterior, atendiendo a los estilos confrontacionales que suelen asumir los candidatos en los procesos de ballotage o segunda vuelta, en los cuales las diferencias se agudizan. En esa misma línea, Macri señalaba aquella vez que si salía elegido Presidente, Argentina “podría entrar en la época más grandiosa de su historia” y consideraba que en caso de no ser reelecto, el país «retrocedería 25 años» y caería «en lo peor, como en Venezuela”, donde aseguraba que «el terror es lo único que funciona» (Agencia EFE, 13 de Julio, 2019).

Unos meses más tarde, la misma disyuntiva se produciría en Uruguay, donde la senadora del partido de ultraderecha Cabildo Abierto señalaría, ante la posible llegada del socialista Daniel Martínez, del Frente Amplio al poder: «tú has oído las declaraciones de Maduro, que tiene un plan para América Latina. Ese es el tema, hay que protegerse de esas cosas. Es mucha casualidad lo que ocurrió en Chile, Ecuador (…) Fue en simultáneo con otro país, me pareció muy como todo armado». Señaló en ese entonces también que «dentro de cinco años yo no tengo la certeza de que podamos votar nuevamente [si el Frente Amplio vuelve a gobernar] (…) Yo no quiero una Venezuela ni una Cuba en el Uruguay» (Montevideo Portal, 31 de Octubre, 2019). Los dichos de la senadora Montero son a todas luces disonantes con la estrategia histórica del Frente Amplio frente a Venezuela, en torno a impulsar un diálogo democrático, distante de la política de Estados Unidos, pero sin defensa cerrada al madurismo, desde el impulso del Grupo Internacional de Contacto por Venezuela, en el que Uruguay fue crítico de las violaciones de DDHH por parte de Maduro, pero sin caer en el intervencionismo de la estrategia imperialista asociada al Grupo de Lima y a los países miembros del PROSUR.

En el caso de México, una reciente entrevista al ex canciller y analista internacional mexicano del partido de derecha PAN Jorge Castañeda, definía al Presidente López Obrador como “un socialista castrista embozado que en realidad lo que busca es transformar a México en una nueva Cuba o Venezuela” (Infobae, 27 de Mayo, 2020). Tras todas estas etiquetas existe una voluntad subyacente de reducir al adversario político a una versión simplificada y carente de matices: Nada distingue para esta visión al liderazgo de Fernando Haddad con el de Kim Jong-Un o a la opción moderada de Alejandro Guillier con la del líder camboyano Pol Pot. Tasia Aránguez, investigadora de la Universidad de Granada señala al respecto: “una práctica habitual en el debate público es la construcción de un dilema falso que obliga al auditorio a escoger entre dos alternativas, ocultando la existencia de más alternativas e imposibilitando el rechazo de las dos alternativas ofrecidas” (2019).

Ahora bien, en términos regionales, esta estrategia no se ha limitado a Latinoamérica. En la campaña electoral de 2016 en España la discusión política se llenó de diferencias en torno a Venezuela (BBC Mundo, 26 de Mayo 2016). Lo mismo ocurrió posteriormente para el caso de Jeremy Corbyn del Partido Laborista de Inglaterra, a quien los sectores conservadores asociaron con Venezuela durante su campaña a la Presidencia del 2019 (The Telegraph, 4 de Febrero, 2019). Recientemente, Donald Trump ha señalado que si Joe Biden gana las elecciones del presente año, “Estados Unidos será una Venezuela a gran escala” (El Mostrador, 18 de Agosto, 2020). Cabe recordar que Biden representa al ala más conservadora del Partido Demócrata y que incluso Bernie Sanders se había distanciado anteriormente del estilo de administración política de Maduro.

Lo que parece interesante frente a lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista de los discursos ideológicos, es la oposición entre el núcleo de valores que sustenta un grupo de pertenencia (ingroup) -en este caso, la derecha- versus su adversario (outgroup) -lo que sea que resuene a izquierda-. Frente al adversario ideológico, se emplean un sinnúmero de estrategias del estilo “nosotros contra ellos”, con el fin de demonizar al otro, sensibilizar a la audiencia y tendenciar la opinión (Van Dijk, 1996), tal como podemos observar en el esquema de a continuación.

Esquema 1. Estrategias de discurso ideológico, en función del grupo de pertenencia (Fuente: Van Dijk, (1996: 26)

La utilidad de lo anterior es crítica y se hace evidente si constatamos la gran influencia actual del marketing político como modo de estructurar campañas electorales, en las cuales se busca apostar antes a la sensibilidad que a lo programático (Moulián, 2004). Por ello, generar imágenes relativas a peligros o crisis por supuesto que influye en las decisiones de voto. En lo que se suele denominar como propaganda negativa, se busca resaltar los defectos de la propuesta contraria, en base a juicios, injurias y amenazas de crisis. Sobre esta línea, encontramos en un manual de marketing político contemporáneo las siguientes recomendaciones: “sin duda la publicidad negativa tiene como ventaja comparativa frente a otro tipo de anuncios, que es la que mejor sirve para aflorar sentimientos y al efecto recordemos que la mayoría de los votos son emitidos desde la emoción” (Pérez Múnera, 2016: 107).

Sobre lo anterior, podemos señalar que se hace necesario que sean las discusiones programáticas las que primen en el diálogo político. Las lógicas de marketing no pueden sustituir al intercambio de ideas (Moulián, 2004), sobre todo en países en los cuales la democracia se encuentra en un nivel ambiguo y no siempre asentado de manera estable. Que esto ocurra es un peligro (Ribeiro, 2004). Del mismo modo, la lógica de “amigo/enemigo” de Carl Schmitt (2014 -1932-) no es inocua y es proclive a generar escenarios de polarización y violencia, que a todas luces pueden ser evitables dentro de las campañas políticas. Observamos, en este sentido, cierta tendencia a la instrumentalización de estrategias electoralistas, sin considerar los efectos que estas producen en la sociedad.

Esta crisis republicana de la derecha ya ha sido detectada con anterioridad para el caso chileno: crisis de propuestas y crisis de identidad (Herrera, 2020), más allá de las pugnas de poder y las dinámicas de influencia (Rumié, Alenda y Ab nara, 2020). Todo ello también cruzado por una precariedad ideológica (Herrera, 2020), de la cual la permanente amenaza de venezuelización es sólo una expresión sintomática. Como han señalado autores contemporáneos, existe para el caso de la derecha chilena un marcado economicismo, con poca profundidad ideológica y escasa capacidad de argumentación, confrontando a sus adversarios -algunos, incluso, de su mismo sector- con todo tipo de adjetivos descalificativos ante las críticas recibidas: “el bando economicista usualmente reacciona con medidas, no con palabras” (Herrera, 2020).

No parece casual que gran parte de este tipo de discursos afloren fuertemente en una región tan desigual como América Latina, si constatamos que muchas veces la desatención de los problemas sociales de los ciudadanos bajo el manto obturador de la “tolerancia” y la corrección política ha facilitado la emergencia de movimientos políticos de extrema derecha en otras partes del mundo (Flecker, 2007:245, citado en Salmela y Von Scheve, 2017). El neoliberalismo y la desigualdad son caldo de cultivo para el antagonismo y la polarización (Salmela et al, 2017).

Sobre dicho fenómeno, investigaciones recientes revelan que las emociones como el miedo y la inseguridad, propias de las sociedades contemporáneas, operan desde el marco primario del “resentimiento”, que permite atacar o visualizar enemigos, que los populismos de derecha explotan fácilmente (Salmela et al, 2017) -en este caso, para tildar de madurista o chavista a todo lo que suene a izquierda- . En este sentido, si el neoliberalismo favorece la polarización, atacar las desigualdades de base de nuestras sociedades puede también ayudar a disminuir la emergencia de este tipo de discursos y campañas del terror, entendiendo sin embargo, que los debates políticos están altamente tensionados por emociones y que actualmente experimentamos una tendencia a la emocionalización de la política (Floriano, 2004).

Volviendo al tema en cuestión, con miras a un juicio más sopesado y desapasionado: ¿es realmente cierto que el centro, la centroizquierda y la izquierda internacionales se identifican plena o parcialmente con Maduro y la implementación de sus políticas en sus respectivos países? Fuera de los países ideológicamente afines, como Cuba o Nicaragua o los socios estratégicos, como China, Corea del Norte, Siria, Rusia o Irán, la respuesta es no. En segundo lugar, el argumento de recurrir a mencionar a Cuba, Venezuela o China nos parece que se suele hacer de manera bastante poco responsable, oportunista y “olvidadiza” respecto a cuando toca defender los DDHH en otras contingencias como las de Argentina durante el gobierno de Macri (Santiago Times, 2017), Chile (ACNUDH, 2019; Amnistía Internacional, 21 de Noviembre, 2019; Human Rights Watch, 26 de Noviembre, 2019), Colombia2 (Global Witness, 2020; 2021), Ecuador (El Universo, 4 de Junio, 2020), Bolivia (Human Rights Watch, 19 de Noviembre, 2019; 7 de Abril, 2020), Brasil (Global Witness, 2020; 2021; Human Rights Watch, 2020), El Salvador (ACNUDH, 2020) y Uruguay (Montevideo Portal, 2020). Curiosamente, los mencionados anteriormente son los mismos países que han denunciado públicamente a Venezuela y han levantado la iniciativa del intervencionismo -militar, incluso-. En síntesis: la amenaza de venezuelización pareciera operar como un mero “hombre de paja” y distractor para justificar giros neoliberales, de muy cuestionable apego a los DDHH, supeditado muchas veces a los vaivenes de la agenda de la Casa Blanca. La fallida y cuestionable administración de Luis Almagro en la OEA es un ejemplo de los límites de esta estrategia. Una estrategia grave, toda vez que dicho funcionario es una autoridad regional y no un mero columnista. Su blindaje de políticas represivas y golpes de Estado es condenable desde toda índole.

Así pues, asumiendo y considerando los errores y debilidades de la experiencia venezolana en términos de DDHH y sanitarios (ACNUDH, 2020; Amnistía Internacional, 2020; CIDH, 2020; Human Rights Watch, 2020), socioambientales3 (Global Witness, 2019: 11; 2020, Terán, 2015, Svampa, 2019), y económicos, sin desmerecer por ello las mejoras realizadas en términos de igualdad socioeconómica e inclusión4 (Salazar, 2016; Badia i Dalmases y Costa, 2018) y participación femenina en la vida pública5 (OIG CEPAL, 2020), concordamos con Carlos Eduardo Pina (Al Jazeera, 28 de Noviembre, 2019): Venezuela no representa una amenaza para la región. Con el autor, creemos que “no hay pruebas demostrables de que el gobierno de Venezuela esté actuando de una manera que sea significativamente diferente de sus rivales regionales, muchos de los cuales han hecho movimientos abierta y repetidamente para derrocar a los gobiernos venezolanos. (…) En otras palabras, Venezuela “no es el único país de la región que esté tratando de ejercer influencia sobre otros países entrometiéndose en sus asuntos internos” (op. cit, 2019).

La condenable política militarista de EEUU y la OEA, que socava las bases de un diálogo político soberano y democrático en el país, es más bien un ejemplo de lo anterior. Dicho de manera clara y enfática: la política de alineamiento incondicional frente al madurismo, no nos parece pertinente ni suficiente (Testa Ferreira, citado en Universidad de Los Lagos, 23 de Agosto, 2017), pero ello, sin ninguna concesión ni lugar al intervencionismo militar. La izquierda regional puede aportar desde un ejercicio de solidaridad que no desdeñe la crítica, pero que condene con énfasis al imperialismo: es la sociedad venezolana, libre de cualquier influencia bélica externa o interna, la que debe dirigir el porvenir de su destino.

Para concluir, quisiéramos detenernos en dos cuestiones: Primero: ¿cuál es el compromiso real con los DDHH por parte de los críticos del gobierno de Maduro, ligados a PROSUR y el Grupo de Lima?6 Los últimos años dichos gobiernos han emprendido severas estrategias represivas, persecuciones y disminución de las libertades políticas en sus respectivos países, en pos de un mayor protagonismo del aparato policial y militar. Frente a ello, Venezuela no puede convertirse en una especie de “comodín electoral” o fetiche expiatorio utilizado de manera instrumental, frente al cual todo se condena y ante el cual nada de lo que es hecho internamente se revisa o se cuestiona.

Finalmente, cabe preguntarse: cuando el pueblo venezolano, en un contexto de autogobierno, recupere soberanamente las bases de su propio entendimiento y convivencia como nación ¿cuál será el próximo fantasma político a explotar por la derecha?

* Camilo Godoy, @GodoyPichon, Sociólogo de la Universidad de Chile, cgodoypichon@gmail.com, y Felipe Román, Licenciado en Historia de la Universidad de Chile, felipealejandroroman@gmail.com.


Notas y referencias

1 El caso de Laos es bastante expresivo respecto al principio de no injerencia: En el artículo 12° de su Constitución se señala que “la nación aplica una política exterior de paz, independencia, amistad y promueve las relaciones y la cooperación con todos los países sobre la base de los principios de coexistencia pacífica; respeto por la independencia, soberanía, e integridad territorial; no interferencia en los asuntos internos de cada uno; e igualdad y beneficio mutuo” (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2020).

2 Según el Informe de Global Witness (2020) Colombia fue en 2019 el país con el mayor número de dirigentes socioambientales asesinados en el mundo: 64, por delante de Filipinas (43) y Brasil (24).

3 Informes recientes de Global Witness (2020), dan cuenta de un aumento en el número de asesinatos a dirigentes socioambientales en el país, entre 2018 (3) y 2019 (8). Si bien estas cifras son lejanas a las de países con mayor persecución socioambiental, como Colombia (64), también llaman a mirar este tema con atención, considerando la aguda represión a dirigentes socioambientales en el continente, por parte de gobiernos extractivistas (neoliberales) y neoextractivistas (progresistas). El año 2016 tuvo lugar en Venezuela la llamada “Masacre de Tumeremo”, con el asesinato de 28 mineros. Este asedio a las comunidades locales se ha radicalizado desde la implementación del llamado Plan de la Patria (2013-2019) (Svampa, 2019).

4 Salazar (2016) señala que en Venzuela “se han diseñado políticas públicas de inclusión social, que en sus inicios lograron bajar los índices de pobreza, diferenciadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como: pobreza coyuntural por ingresos desde 1999 al 2013, baja del 16,9% al 8,8%; mientras que la pobreza estructural por necesidades básicas insatisfechas desde 1999 al 2013 baja del 9,9% al 5,5%, pero que en el 2014 sube a 7,1%. El coeficiente Gini desde 1998 al 2013 está más cerca de la línea de distribución de la riqueza de 0,486 a 0,39810; mientras que el Índice de Desarrollo Humano aumentó en el 2012 a 0,077111” (Salazar, 2016: 25). La autora también da cuenta de la inclusión de grupos como los pueblos indígenas y las personas con discapacidad en la vida pública del país, consagrado todo ello en la Constitución.

5 Podemos rescatar la mayor participación de la mujer en la vida pública a partir de lo que el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe describe como “autonomía en la toma de decisiones”: entre 1998 y 2017 podemos ver un aumento porcentual de la participación de mujeres en los tribunales de justicia, en el Parlamento, alcaldías y concejalías. Esto, si bien Venezuela sigue siendo un país altamente masculinizado en cuanto al ejercicio del poder y con cifras negativas en cuanto a embarazos adolescentes, femicidios y mortalidad materna.

6 Investigaciones recientes (Aranda y Bórquez, 2020) dan cuenta de que varios de los Presidentes sudamericanos actuales más críticos con el gobierno Maduro han aumentado considerablemente las trabas a los ciudadanos venezolanos que buscan migrar a sus países, durante el último tiempo.


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Equipo de política internacional de Revista De Frente

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