La Nacionalización del Cobre y el «Día de la Dignidad Nacional». Sobre la unanimidad en el Congreso, y el 11 y 15 de Julio de 1971

Como es sabido, el 11 de Julio de 1971 el Congreso Nacional en pleno aprobó la Reforma Constitucional que abría paso a la Nacionalización del Cobre en Chile. También, como se insiste bastante, es conocido que la votación en el Congreso obtuvo al unanimidad de los votos para su aprobación, es decir, que incuso la derecha en pleno votó a favor.

En ese mismo momento, el Presidente Salvador Allende Gossens, desde Rancagua, celebró un acto desde la Plaza de Los Héroes de la ciudad y proclamó el «Día de la Dignidad Nacional». Desde entonces, se considera el 11 de Julio commo el Día de la Nacionalización del Cobre.

Sin embargo, fue el 15 de julio cuando el Presidente Allende promulgó la Ley n°17.450 de la Reforma Constitucional de Nacionalización del Cobre, en un acto en el que acompañado de sus Ministros de Estado y las principales autoridades del país, se daba finalmente la dictación de una demanda y conquista ampliamente anhelada por las mayorías del país.

La fotografía con la que se encabeza esta nota es de ese momento, donde se lo ve acompañado, a su mano derecha, por el Presidente del Senado y uno de los principales opositores e instigadores de la desestabilización del Golpe contra el Gobierno popular, el senador Patricio Aylwin.

El significado de la votación del Partido Nacional y la Democracia Cristiana, y la estrategia jurídico-política de la UP

La unanimidad en la votación en el Congreso de la Reforma Constitucional ha sido puesta como uno de los más significativos hechos relativo a la Nacionalización del Cobre en Chile. Es lo que destacó como primera «bajada» la portada de El Mercurio del día siguiente, en una de las imágenes que quedaría en el imaginario público: «Por unanimidad por el Congreso Pleno. Nacionalizado el Cobre».

Se la menciona como muestra de una común y transversal voluntad política por dar lugar a esta emblemática política de recuperación del control sobre una de las principales riquezas situadas en el territorio chileno, y que por entonces, representaba nada menos que aproximadamente un 80% del valor total de las exportaciones del país.

Sin embargo, no es un tema que, histórica y políticamente analizado, pueda ser presentado como muestra de un supuesto «afán unitario» o «nacional», así a la ligera y sin mayores consideraciones y prevenciones. Mientras las derechas «cedían» en este tema, ya venían preparando, muchas de ellas, el proceso de desestabilización, asedio y agresión contra el proyecto y Gobierno de la Unidad Popular, que culminaría en el Golpe de Estado de Septiembre de 1973.

De hecho, es conocido el hecho de que, por ejemplo, Agustín Edwards, propietario del mismo medio que ponía la mecionada «unanimidad» en el Congreso, ya iniciaba gestiones en Estados Unidos para coordinar la agresión contra el Gobierno encabezado por Salvador Allende.

Otro elemento a tener en consideración: La Reforma Constitucional aprobada el 11 de Julio de 1971 fue la única iniciativa legislativa del Programa del Gobierno de la Unidad Popular que fue aprobada en el Congreso en sus mil días. Todo el resto de la gestión gubernamental fue realizada por medio de actos del Poder Ejecutivo, apoyados en la legislación vigente con anterioridad. Como es también sabido, en lo referido a la edificación del «Área Social de la Economía», la utilización de una legislación proveniente del corto período de la «República Socialista» de 1932 daría pie a las quejas y críticas por parte de las derechas, que enarbolaron el concepto de «resquicios legales» para adjudicar al Gobierno de Allende una interpretación y aplicación que, acusaban, torcía y tensionaba la institucionalidad vigente, a pesar de que tales normas habían sido utilizados en los gobiernos previos.

La estrategia jurídico-política del Gobierno de la Unidad Popular tuvo entre sus protagonistas centrales al jurista Eduardo Novoa Monreal, quien además de encabezar el equipo que estructuró la forma en que se desarrollaría la Nacionalización del Cobre y la defensa jurídica frente a los tribunales internacionales en los que se comenzó un asedio judicial a esta política, plasmó también la forma en que se llevaría a cabo la formación del Área Social de la Economía y la defensa del uso de lo que la derecha había llamado como «resquicios legales», lo cual fue objeto de un durísimo ataque jurídico, político y mediático por parte de las derechas.

Todo esto, pone en su justa medida el significado de la votación unánime del Congreso Nacional del día 11 de Julio de 1971. Mirada en retrospectiva, la estrategia de la derecha parece bastante clara: Votar a favor de la Reforma Constitucional de Nacionalización del Cobre, presentándose así ante la sociedad como «nacionalista», pero haciéndole pagar los costos políticos y económicos internos e internacionales de ello, de manera exclusiva al Gobierno de la Unidad Popular. Por cierto, no hubo acción ni manifestación alguna de apoyo de esas derechas, la del Partido Nacional y la de la Democracia Cristiana, frente a las demandas internacionales que se le pusieron a la empresa estatal de Cobre y el Estado de Chile. Y es más, a ese asedio externo, que incluyó bloqueo de bienes y activos y una campaña de desprestigio internacional, le incluyeron de manera cada vez más intensa un asedio y desestabilización interna, lo cual tuvo una escala ascendente que llegó a ser ya indesmentible con el Paro patronal de Octubre de 1972, donde, entre otras acciones, financiaron y apoyaron la paralización de la producción de Cobre en la mina de El Teniente, donde contaron con el apoyo de parte de las dirigencias y trabajadores mineros bajo pretextos gremiales corporativos.

Por cierto, en todo lo anterior, hubo vacíos y deficiencias en la conducción política y la estrategia jurídica del Gobierno de la Unidad Popular, que, más que enjuiciarle a sus protagonistas, son relevantes para extraer lecciones de lo que allí sucedió. Entre otras cuestiones, miradas desde hoy, la incapacidad o falta de claridad y voluntad política en modificar el cuadro institucional y constitucional general, parece de lo más importante. Un cambio constitucional más general que la Reforma Constitucional parcial y acotada aprobada en Julio de 1971, se relegó y postergó en innumerables ocasiones, por lo que podría decirse, desde hoy, fue una de los principales aprendizajes que pueden extraerse de esa referencial experiencia que fue el Gobierno de la Unidad Popular para nuestro país, América Latina, y el mundo entero.

De este modo, puede decirse, mirado desde hoy, que dicha votación unánime fue una especie de victoria contraproducente de la Unidad Popular, pues asumió todos los costos políticos y económicos de tal decisión, mientras que para las derechas les permitió ceder en una Reforma Constitucional acotada, sin tocar otros aspectos del andamiaje constitucional como hubiera sido, por ejemplo, en una Reforma Constitucional más amplia, o en un Plebiscito Constitucional que diera lugar a un proceso constituyente que elaborara una Nueva Constitución, que fue un tema en lo que al interior de la Unidad Popular nunca logró la suficiente adhesión, siendo planteada como salida a la crisis, cuando ya era demasiado tarde. Como se sabe, el martes 11 de Septiembre de 1973, el Presidente Allende pretendía, en un acto en la Universidad Técnica del Estado, anunciar la varias veces postergada idea de convocatoria a un plebiscito que abordara la situación con una pregunta sobre el cambio constitucional total.

Señalado todo eso, bien puede plantearse que la Nacionalización del Cobre se la debemos más al Gobierno de la Unidad Popular y al pueblo que lo apoyaba, que a un Congreso Nacional que mayoría opositora, y que por tanto, es tan o más relevante recordar el 15 de Julio, en el que el Presidente Allende y sus Ministros firmaron la promulgación de la Reforma Constitucional, que el día 11, en el que las derechas dieron unos votos de aprobación que venían, parafraseando una letra de Víctor Jara, con un puñal debajito del poncho. En una interpretación posterior de lo realizado esos días de Julio de 1971, seguramente el Presidente Allende pretendía con su proclamación del «Día de la Dignidad Nacional» incluir al conjunto de las instituciones y fuerzas en la épica nacional que implicaba la nacionalización cuprífera. Desde hoy, y vista la historia posterior, bien puede señalarse que en ese 11 de Julio hubo, también, mucha indignidad encubierta y solapada.

Ver, más en extenso, «El Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular chilena como un proceso constituyente inconcluso», y en particular sobre el tema de la Nacionalización del Cobre, el punto 4.2 del texto.

Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y Historia y Teoría Política. Blog personal "Miradas desde nuestra América"

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