La realidad y el régimen Constitucional no son una «hoja en blanco» ni la disputa Constituyente se parte en condiciones de igualdad

Tras la firma por parte del Gobierno de Piñera y un grupo de partidos políticos de un «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» en la madrugada del viernes pasado, ha cundido un conjunto de debates sobre los términos de éste, en todas sus dimensiones. En un texto anterior, nos hemos referido sobre algunas de ellas («La trampa de los dos tercios y la continuidad del poder de veto de las derechas y del régimen neoliberal«), cosa que ampliamos en una conversación realizada ayer y publicada ayer. Aquí abordamos algunas aristas adicionales, respondiendo además a las declaraciones publicadas por abogados constitucionalistas y cientistas políticos en las últimas horas, defendiendo las posibilidades del acuerdo («‘El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ no es una trampa«, y «Más de 30 abogados constitucionalistas explican controversias por quórum de 2/3 en acuerdo para una nueva Constitución«.


La disputa constitucional – constituyente que se vive en nuestro país, y cualquiera de las experiencias históricas «constituyentes» en la historia, no es ni será nunca simétrica y las posiciones no parten de un plano de igualdad, como parecieran insinuar las posturas difundidas por un grupo no menos de constitucionalistas y cientistas políticos, y que en lo Constitucional tiene a sus principales representantes, en el campo de quienes hemos pujado por la demanda constituyente, por autores como Jaime Bassa o Fernando Atria. A mi juicio, las visiones que han expresado en sus pronunciamientos, textos y entrevistas, muestran una mezcla, dependiente de cada caso, de, bien una altísima ingenuidad política, o bien de una defensa de la continuidad liberal o neoliberal no reconocida o asumida como tal, o bien una idea de la labor del pensamiento intelectual lejos o ascépticas frente a las demandas y los procesos impulsados por los pueblos, lejos del pensamiento crítico y en defensa de una aparente «neutralidad» ideológica que a fin de cuentas hace parte de una ideología conservadora frente a los procesos sociales.

Haciendo referencia a los argumentos de defensa del mal llamado «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constutución» (que, es central recalcarlo: No dice nada sobre la Paz), si bien el debate constitucional partiría con la «hoja en blanco», el país y las posiciones en juego, incluyendo el ordenamiento jurídico, NO parten «en blanco». En lo político, todos los poderes del Estado están saturados de Neoliberalismo y poder de las clases dominantes. Y en lo jurídico, hay una abundante legislación Neoliberal que sigue y seguirá vigente aún una vez entrada en vigencia la Nueva Constitución, más, si lo escriturado en ésta tendrá que contar con la venia de las derechas.

Y es que la tarea de los actores en una escena o proceso constituyente son distintas en cada polo: Quienes intentan de diversos modos conservar lo esencial del «antiguo régimen» bajo nuevas formas «renovadas» (los continuismos gatopardistas que abundan en la historia), frente a quienes pretendemos transformar sustancialmente las cosas, y llevarlas a una refundación efectiva del régimen político, social y económico, iniciando una nueva época en la historia de la República de Chile. Eso no significa que ambos polos sean uniformes y no haya múltiples diferencias y a ratos tensiones no menores al interior de cada polo, de todos modos. Pero somos Nosotros/as, las fuerzas y actores de vocación constituyente, quienes queremos y necesitamos escriturar en la Constitución cosas que comiencen e desmontar el modelo, mientras que ellos, quienes se han resistido todo lo posible por atrincherarse en la Constitución de 1980 y ahora entregarla pero de un modo bajo su control, sí tienen a su favor esa legislación, esas instituciones, y esas correlaciones de poder que les son hoy ampliamente favorables. La realidad y la disputa política están lejos de ser una «hoja en blanco».

Por lo anterior, afirmar cosas como «en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular« (como han difundido en la declaración colectiva «‘El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ no es una trampa«, es una mirada des-situada, descontectada de la realidad social y política del país, y que puede traer consecuencias prácticas de alta importancia en el desenvolvimiento del proceso constituyente, en caso de efectivamente seguirse bajo los términos del itinerario propuesto por el Gobierno y el grupo de partidos que adhirieron a él.

Además, en la Constitución Sí o Sí deben escriturarse ciertas cosas como la organización y funcionamiento de los poderes del Estado, entre ello, los quórums legislativos. Entonces ahí las derechas se atrincherarán en que la normativa previa no pueda ser modificada o reemplazada por la vía del quórum simple. ¿Qué pasará ahí y en otros casos, cuando no se logre por ninguna parte los 2/3? Estaría bueno que esas posturas digan si es tan favorable o bueno el que no haya acuerdo de 2/3, por ejemplo, en la determinación de los quórums legislativos necesarios para modificar y/o reemplazar la abundante legislación aún vigente heredada de la Dictadura. Habrá ahí entrampamiento, bloqueo, y muy posiblemente una tensión irresoluble en el marco de la instancia Constituyente. Y, no olvidar: A falta de acuerdo por dos tercios en la Convención Constitucional, seguirá vigente hasta nuevo aviso la Constitución de 1980.

Con respecto a esto último, no deja de ser ilustrativo el ejemplo puesto en una reciente declaración conjunta de más de 30 abogados constitucionalistas que se han mantenido en el apoyo a los términos del acuerdo. En ella, insisten en la idea de que la «hoja en blanco» más esa especie de «poder de veto cruzado», esto es, que el veto de los 2/3 corre para cualquier sector. Así, lo que no obtiene el quórum de los 2/3, pasa a legislación simple, con quórum simple. En la declaración de la nota enlazada ponen como ejemplo de esto, el caso de la aún vigente inhabilidad para las dirigencias sindicales, que les impide por poder postular a cargos parlamentarios. En el caso que ponen, claro que al no haber quórum de 2/3 lo establecido en la actual Constitución dejaría de existir, o quedaría eventualmente para regulación de una ley. Pero las constituciones tienen que sí o sí contener ciertas cuestiones que son elementales para el funcionamiento de los poderes del Estado, como lo es, entre otras cosas, el proceso de tramitación de leyes, y dentro de éste, los quórums para aprobar los distintos tipos de normas.

Sería absurdo conceptual y práctico dejar la determinación de los quórums a una ley de quórum simple posterior. La determinación de los quórums debe estar sí o sí en la Constitución. Y ahí, cuando en el debate constitucional haya que negociar con el poder de veto de los sectores conservadores que sólo necesitan «un tercio más uno», nuevamente se atrincherarán en que tienen que haber altos quórums supramayoritarios incluyendo el de 2/3, para modificar la legislación previa. El acuerdo suscrita por los partidos políticos de la ex Concertación y 3 de 10 del Frente Amplio, sólo menciona la «derogación orgánica» de la Constitución de 1980, no diciendo nada sobre la legislación previa.

El tema de los quórums legislativos, como todo el resto de asuntos que deben estar sí o sí en la Constitución, nos muestra la magnitud e importancia de las consecuencias de la adopción de los dos tercios para la instancia Constituyente. Pero además, según el acuerdo, el organo encargado de supervisar el proceso, será una «Comisión Técnica» que sin duda cumplirá tareas de enorme relevancia POLÍTICA, como determinar soluciones y «arbitrar» para este tipo de asuntos y muy posibles controversias y bloqueos del proceso.

Así, conceptualmente lo de Fernando Atria o Jaime Bassa y demases sucriptores de las declaraciones reseñadas, parece ser impecable, pero en la práctica política concreta, nos lleva y llevará a problemas hoy incomnensurables, y que probablemente puedan decidirse en un sentido continuista y antipopular.

Y es que aquí no estamos hablando sólo de materias «de Derecho Constitucional», si no que estamos intentando hacer avanzar UN PROCESO CONSTITUYENTE, es decir, en un conjunto de pasos donde lo jurídico y lo político se entremezclan, se superponen, en un conjunto de cuestiones donde ambas dimensiones son difíciles o imposibles de delimitar y menos aún separar. Por aquello, las palabras de «expertos constitucionalistas» pueden ser conceptualmente coherentes, cosas que en abstracto pueden ser ciertas, pero que en la práctica política concreta de una proceso como el que estamos impulsando, pueden ser totalmente contraproducentes y lesivas a los anhelos y demandas Constituyentes y Refundacionales que pretendemos concretar en una Nueva Constitución.

No a los dos tercios. No a esa supervigilancia de una «Comisión Técnica» con una designación totalmente favorable a las fuerzas de derechas y neoliberales. No a la exclusión de las y los compatriotas en el exterior, ni a las y los jóvenes adolescentes que han sido actor central en la historia reciente y presente de nuestro país. No a esa normativa de elección de la instancia Constituyente tan adversa a la vocación de cambio. No a un «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» que no dijo nada sobre la Paz. No a la aceptación como un «hecho consumado», de un Acuerdo suscrito a espaldas de las fuerzas movilizadas.

Sí a una Asamblea Constituyente Soberana y con capacidad para Refundar el país, que es lo que las mayorías anhelan, demandas y exijen. Sí a una Comisión de Verdad y Jusicia que dé garantías de imparcialidad y que vigile las investigaciones y aclare todo sobre las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos durante este último mes. Sí a la Acusación Constitucional contra un Jefe de Gobierno que ha violado de manera grave a la Constitución y las leyes vigentes. Sí a una Nueva Constitución que marque un antes y un después en la historia del país y contenga todo lo que la pluralidad del pueblo quiera poner en ella, sin amarres de los poderes constituidos ni poderes de veto de los sectores privlegiados y dominantes.

Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y Historia y Teoría Política. Blog personal "Miradas desde nuestra América"

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