La violencia en la Venezuela profunda: Paramilitarismo, sicariato, latifundio, y la lucha campesina

El sábado 27 de julio, a las 10:30 am en el sector del kilómetro 12 de la carretera de penetración agrícola de la Reserva Forestal de Ticoporo, del Municipio Sucre del Estado de Barinas, un grupo de militantes de la «Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora» y de las «Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez» se encontraban reparando una moto. Se trata de una zona de lo que podría llamarse como la «Venezuela profunda», allí donde la militancia chavista y de organizaciones campesinas ha tenido que vérselas por años y años frente al paramilitarismo y el sicariato que las oligarquías han desplegado para defender al latifundio, ante el intento del Gobierno Bolivariano por un reparto de las tierras que modificara el escenario productivo del país. El Estado de Barinas se ubica en el oeste del país, y el Municipio de Sucre en particular, en su parte más aledaña y límitrofe con el Estado de Mérida. Mérida forma, junto a sus vecinos Zulia y Táchira, los estados más cercanos a la frontera con Colombia en el eje central del país, y el área de interconexión más activa entre ambos países, pues más hacia el sur domina la tupida y casi siempre impenetrable selva amazónica.

 

 

Conforme a los testimonios de los sobrevivientes y de las organizaciones en las que militaban las seis personas asesinadas, un grupo fuertemente armado llegó al lugar y acribilló al grupo, dando muerte a Eudes Yorkley Rojas, Manuel J. Cordero Benítez, Alexi Ontiveros Mora, Eudes Rojas Peña, Kevin Navas Rodríguez , y Milaidy Navas González. El comunicado de «La Corriente», como se le conoce a la CRBZ, con conocimiento de lo que se habla, acusa: «El modus operandi permite inferir que el cobarde ataque fue realizado por un equipo con entrenamiento militar, presumiblemente integrado por elementos del paramilitarismo colombiano, ex policías venezolanos y delincuencia común. Hay que recordar que en los últimos días las llamadas Autodefensas Colombo Venezolanas han atacado unidades militares de la FANB y, de forma sistemática, amenazando a los cuerpos de seguridad y a militantes chavistas. Esto como parte de los planes de intervención imperial sobre nuestra patria. El hecho de que la operación haya sido dirigida por una mujer de acento colombiano nos da pie para afirmar lo anterior» (Masacre en Barinas contra militantes revolucionarios. Comunicado de La Corriente).

 

Para desconocedores de la genuina realidad venezolana, esto parecerá algo extraño. Más, para quienes se «informan» con los medios de la prensa oligopólica y corporativa internacional y de cada país, o para quienes creen lo que señalan análisis o «informes» como los del reciente «Informe Bachelet», donde estas circunstancias no aparecen en lo absoluto, ni siquiera reseñadas de manera genérica o a modo de contexto (Ver «¿Y los Derechos Humanos de las y los Chavistas y del Pueblo de Venezuela? Acerca del Informe Bachelet y la acción de actores no estatales y de otros Estados«, Revista De Frente). Quien se fíe de esas versiones, supuestamente Venezuela es una «dictadura» donde la violencia es unidireccional y desde el Chavismo hacia la oposición, donde quienes mueren por causas violentas son producto del actual de las fuerzas gubernamentales oficiales, o de sus apoyos, los satanizados «colectivos». En estas muy parcializadas versiones de lo que sucede en Venezuela, nada se dice de la violencia «guarimbera» opositora que ha azotado las principales ciudades del país en varias oleadas principalmente en los años 2014, 2015, y 2017 (Ver «Lo que la prensa dominante no dice sobre los «guarimberos» venezolanos: Violentismo, lumpen, drogas, y protesta pagada«, o «Las omisiones del Informe Bachelet: El caso de Orlando Figuera y otras personas quemadas por extremismo de la oposición», Revista De Frente), y, menos aún, de lo que sucede con el sicariato, el paramilitarismo, la violencia latifundista en la Venezuela profunda, y las relaciones con los conflictos armados en Colombia. Aquí abordaremos estos temas.

 

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como «siembra del petróleo» y soberanía alimentaria, y la respuesta latifundista

 

Desde la llegada del Gobierno Bolivariano encabezado por Hugo Chávez Frías, la política destinada al reparto de la tierra, al superación del latifundio, y la consecución de la soberanía alimentaria, fueron pilares del programa de Gobierno. La Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario de Noviembre de 2001, de hecho, fue una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno de Chávez, en una de las primeras legislaciones promulgadas por la vía de las «leyes habilitantes» que el Presidente Chávez consiguió como habilitación por parte de un Congreso donde el Chavismo había conseguido una muy significativa mayoría. En resumen, la ley permitía expropiar latifundios y beneficiar a los campesinos para entregarles en propiedad pequeñas extensiones de tierra para su cultivo junto a la colaboración y financiamiento estatal para su producción, en el marco de lo que se llamó «la siembra del petróleo» y la búsqueda de la soberanía alimentaria, puntos centrales del programa chavista.

 

El problema de la concentración de la tierra, del latifundio improductivo y de la dependencia alimentaria había sido un eje central de las carencias del orden social y económico venezolano, ya desde el siglo XIX. El inicio de la era del petróleo, que se abrió paso durante el siglo XX, y de un exhacerbado rentismo petrolero en la segunda mitad del siglo pasado, atrapó la mirada y la preocupación del Gobierno Bolivariano desde sus inicios. Pero también, con todas sus carencias y contradicciones, que muy temprano se hicieron ver en la ejecución de este intento de reforma agraria. Las dificultades en la implementación de un campo más productivo, el otorgamiento de financiamientos y de apoyos fueron de los más centrales en los primeros años.

 

Y la violencia oligárquica acompañó ese proceso desde al principio, tanto, como para que ya en el 2005, se contaban por cientos los campesinos caídos, y como para que se lanzaran reflexiones como esta en Aporrea.org, uno de los principales portales de comunicación del Chavismo desde entonces: «En el nuevo escenario político y social que Venezuela está viviendo, en el que la lucha contra la corrupción y la burocracia endémicas ocupan sitios fundamentales, no podemos reducir la discusión de lo que sucede en el campo a la simple culpabilidad de la Contra latifundista. Debemos construir una reflexión sobre la actitud asumida por el Estado y por sus instituciones. ¿Cómo han actuado las Fuerzas Armadas? ¿Qué han hecho las instituciones estatales encargadas de conducir el proceso de reforma agraria? ¿Qué ente gubernamental ha defendido realmente el derecho a la vida consagrado en la Constitución Nacional? ¿Qué ha pasado desde esta perspectiva con el pacto cívico-militar?¿De qué ética política y revolucionaria hablamos si lanzamos una Ley de Tierras y declaramos la “Guerra Contra el Latifundio”, pero no defendemos a los campesinos y campesinas que intentan hacer realmente una revolución agraria?. ¿Es posible acaso transformar la propiedad y el trabajo de la tierra sin atender ni respetar las necesidades y decisiones del movimiento campesino? No es admisible hoy en día para nosotros, dentro del proceso que estamos viviendo, la continuidad de los mecanismos de impunidad históricos y de un poder judicial que excomulga asesinos por un par de monedas»  (Ley de Tierras y Formas de Violencia, Mía Dragnic, Aporrea, 2005)

Avanzando en la historia, años después, en el 2009, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), denunciaba la comisión de 214 asesinatos de campesinos, y una impunidad campeante, con sólo 7 personas condenadas, y un detallado muy pormenorizado de las víctimas y de los sectores y organizaciones implicadas: actores de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGAS), principalmente localizados en los Estados más cercanos a Colombia (Táchira, Mérida, Zulia, Barinas), y unas «Autodefensas Unidas de Venezuela», al modo de las criminales «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC)  (Ver «Campesinos Asesinados en Venezuela desde el 2001«, Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora).
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Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC

 

El vínculo con Colombia. El paramilitarismo de las «Autodefensas Unidas de Colombia» y los lazos con la clase política colombiana

 

A las 2:30 de la noche del domingo 9 de mayo de 2004, un numeroso operativo militar cercó y entró a la «Finca Daktari», ubicada en una zona boscosa entre los municipios Baruta y El Hatillo,  del Estado de Miranda, a pocas horas de la capital Caracas. Arrestaron a 153 personas de nacionalidad colombiana, quienes se entrenaban en el recinto y contaban con un cuantioso armamento destinado a una operación de magnicidio del Presidente Chávez que diera lugar a una recuperación del poder del Gobierno para las derechas (Ver «Operación Daktari: 12 años del frustrado plan para asesinar a Hugo Chávez«). Se trataba de paramilitares, una extendida realidad en Colombia, y que ya en el año 2004 era parte de las «opciones sobre la mesa» que manejaba tanto la oposición interna como externa al Gobierno Bolivariano. El operativo frustrado por los servicios de inteligencia venezolanos era de una alta espectacularidad: Constaba de un atentado a realizarse el 12 de mayo por un grupo élite que asesinaría a Chávez durante una cena con banqueros en residencia presidencial de La Casona, mientras que otro grupo asaltaría el Palacio de Miraflores, otro irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y de la base aérea de La Carlota, donde se planeaba que oficiales de la aviación secuestrarían alguna aeronave para complementar el ataque desde el aire.

 

Tal como sucedió con los ejecutores de la intentona golpista de Abril del 2002, y el sabotaje petrolero desde Octubre de ese mismo año, los ejecutores de esta operación fueron liberados, en el contexto de una estrategia del Gobierno Bolivariano por no generar mayores conflictos ni aparecer con prácticas que pudiesen ser acusadas como «autoritarias» o «dictatoriales» en el exterior. Los paramilitares colombianos, en este caso, fueron devueltos a su país, solicitando el Gobierno de Venezuela su enjuiciamiento, cuestión que no sucedió.

 

El episodio es una muestra de una tendencia que se agrandaría con los años. El paramilitarismo había sido un fenómeno generalizado en la política colombiana, y si bien había habido cierta penetración hacia Venezuela, esto se acrecentaría con la llegada del Gobierno Bolivariano, y en particular, una vez que los éxitos de sus políticas comenzaron a ser vistos como una amenaza para el conjunto de las derechas de la región, y para la hegemonía del Imperio de Estados Unidos sobre nuestra América. En el año 2015, el Gobierno de Venezuela ya había denunciado la existencia de al menos 30 grupos paramilitares colombianos presentes en su territorio (Ver «Venezuela infiltrada por paramilitares colombianos«, teleSUR). Y en particular, ha sido notorio el incremento de sucesos y fenómenos que podrían asociarse a un paramilitarismo que ha convertido a la frontera colombo-venezolana en un pasadizo o «zona caliente» a través de la cual se dan tráficos de diverso tipo, incluyendo, de manera muy protagónica, el de armas y actividades delictivas de diverso tipo.
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De este modo, las formas de la violencia se han diversificado, y sus niveles se han incluso incrementado. Algunos hechos a mencionar, a modo de repaso: Los asesinatos y el sicariato en los Estados y zonas fronterizas y aledañas a Colombia han continuado, y ha sido desde ese «corredor» desde donde se han planificado hechos de notoria vocación desestabilizadora y golpista, como sucedió con el atentado con drones del 4 de Agosto de 2018, donde fue en una finca ubicada en el Departamento de Norte de Santander, cerca de Cúcuta, donde se entrenaron los grupos que intentaron el magnicidio frustrado con aparatos teledirigidos. También, fue desde ahí donde se ejecutó la operación de falsa «ayuda humanitaria» vía Cúcuta, con la que se intentó propiciar un provocación que suscitara un episodio de violencias que diera curso a una operación mayor contra la soberanía venezolana, a fines de Febrero pasado. Y más en general, es, también, desde Cúcuta, donde se realiza un copioso contrabando y tráfico de productos legales e ilegales desde y hacia Colombia. No está de más señalar, tampoco, que buena parte de la oposición tiene a Colombia como uno de sus plataformas de operación preferenciales, junto a Miami y Madrid. Es en Colombia donde hoy reside una buena parte de la dirigencia derechista venezolana, en múltiples lazos con la derecha colombiana, de conocidas relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, todo esto, bajo una supervisión, complicidad, y/o coparticipación del Gobierno de Estados Unidos, el que, por lo demás, cuenta con una abundante «cooperación política-militar» con el Gobierno colombiano, conducido de manera ininterrumpida por las derechas, hace años.

 

Actividad del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

 

La continuidad de la violencia y los desafíos del Chavismo en el campo

 

Como se ha reseñado acá, el paramilitarismo, el sicariato, y la violencia han continuado e incluso se han acrecentado en los últimos años, en una tendencia funcional con la intensificación del asedio contra el Gobierno Bolivariano que se vive tras la muerte de Hugo Chávez en Marzo del año 2013. El «Comité de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino» ha venido denunciando esto de maner apermanente, y con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente a mediados del 2017, se formó una «Comisión de la Verdad» que ha abordado el tema, y en particular la impunidad que ha dominado la escena en esta y otras materias (ver «Comisión de la Verdad reabre casos de sicariato-campesino y escucha víctimas de violencia política«, Alba TV). Las complicidades, acciones u omisiones de actores del Poder Judicial, de los gobiernos estaduales de las zonas de mayor violencia rural (con gobiernos tanto de la oposición derechista como del Chavismo), o del Ministerio Público (donde numerosas voces apuntan al protagonismo en esto de la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, hoy opositora y en Colombia. Ver «Las caras de Luisa Ortega Díaz«, Correo del Orinoco), muestran parte de la enorme complejidad de la historia reciente y presente de Venezuela, constituida en uno de los nudos críticos de mayor importancia y significación en las controversias políticas y geopolíticas del mundo actual.

 

Dicho eso, no es de extrañar que en el conocido contexto actual de arremetidas contra Venezuela, se sigan suscitando hechos de alta violencia relacionados con lo que aquí hemos descrito: Detenciones de peligrosas bandas paramilitares (Ver «Cómo Venezuela capturó al paramilitar más peligroso de Latinoamérica«, Sputnik, abril de 2019), o, en el último tiempo, hechos de una violencia que asemeja a fenómenos similares en países aledaños o cercanos (Colombia, Centroamérica, México), como las decapitaciones que han aparecido llamativamente estas últimas semanas (Ver «¿Por qué están apareciendo personas descuartizadas en la frontera con Venezuela?«, El Pacifista TV). La inestabilidad militar de la vecina Colombia recrudece el escenario descrito, donde el acuerdo de Paz con las FARC ha tenido una implementación, por decir lo bajo, insuficiente y contradictoria, dándose una continuidad de las dinámicas de sicariato y paramilitarismo contra los guerrilleros desmilitarizados y sus bases de apoyo social y político, con cifras de asesinatos que crecen mes a mes, y un ELN que sigue disputando militarmente el control de diversos espacios territoriales al paramilitarismo latifundista y oligarca.

 

Entretanto, el movimiento campesino chavista ha seguido su lucha por el reparto de tierras, la desconcentración agraria y la revolución productiva que asegure la soberanía alimentaria del país, punto central de las dificultades que vive hoy la experiencia venezolana. Al respecto, cabe recalcar las iniciativas de producción comunal que se han ido levantando y profundizando en diversos territorios y localidades, junto a movilizaciones que intentan visibilizar la situación del campesinado venezolano a ojos de la opinión pública nacional e internacional, como sucedió con la «Marcha Nacional Campesina Admirable» de mediados del 2018 (Ver por ejemplo, «Venezuela: Marcha Nacional Campesina Admirable se dirige hacia Caracas«, Resumen Latinoamericano). Esto, en el marco de una disputa del movimiento campesino tanto con las derechas latifundistas y sus fuerzas paramilitares y sicarias, como con el propio Gobierno y sus fuerzas de seguridad (a modo de ejemplo, ver «Campesinos de Guárico son desalojados por el FAES al intentar recuperar sus tierras«, Alba TV, junio de 2019)

Todo esto, como es notorio, una realidad muy distinta a la que se se suele presentar sobre la realidad venezolana. Como se afirma en el artículo 1° de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (reformada parcialmente en Julio de 2010), «La presente ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones».   

Es el desafío y disputa que sigue hoy vigente y en curso.

 

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Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y teoría política.

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