Las causas de esta barbarie militarista. La responsabilidad de los gobiernos de la Concertación en el actual Terrorismo de Estado

Disparos a mansalva, baleos indiscriminados, torturas, violaciones y violencia sexual, desapariciones forzadas, quema de cuerpos ya muertos a modo de encubrimiento, crucifixiones en Comisaría, disparos y lanzamiento de bombas incendiarias a edificios y casas, ingreso a escuelas con baleos a niñas y niños, uso de personas como escudos humanos, disparos sistemáticamente dirigidos a las cabezas y ojos de manifestantes, detenciones ilegales desde autos de civil, uso de instalaciones públicas y privadas como lugares de detención y tratos crueles y torturas… ¿Cómo ha sido posible llegar a esto? El carácter gravísimo, masivo y sistemático de las violaciones a los Derechos Humanos más esenciales que se han cometido en nuestro país en las últimas dos semanas, amerita un análisis detenido de sus causas y raíces. Una mirada superficial se quedaría sólo en la indudable responsabilidad que ha tenido el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera en la impresentable y criminal respuesta frente a la movilización y revuelta popular que vive nuestro país. Pero como resulta obvio para cualquier persona que le dé algunas vueltas al asunto, las responsabilidades políticas no son exclusivas del actual Gobierno. Para ejecutar una represión de este tipo, hace falta previamente la formación de unos cuerpos policiales y militares dispuestos a llevarla a cabo, y con los medios y el adoctrinamiento necesario para que lo ejecuten.

 

De la misma forma como el Golpe de Estado de 1973 y la Dictadura de 17 años que le siguió tuvieron parte de sus causas en la configuración previa de unas Fuerzas Armadas mayoritariamente provenientes de una oligarquía profundamente reaccionaria y despreciadora frente a las capas populares, formadas en la doctrina de la «Seguridad Nacional» y la lucha «anticomunista» impulsada por el Gobierno de Estados Unidos y su organización de instrucción militar «Escuela de las Américas«, por entonces con centro en Panamá, lo que viene sucediendo en la última semana en Chile tiene raíces también más presentes. Estas no sólo se derivan de las configuraciones militares y policiales legadas por la Dictadura, si no que, como en prácticamente todo el resto de las decisiones políticas más fundamentales que marcan a sociedad chilena actual, tienen en las políticas de la Concertación una profundización que ha complementado y/o perfeccionado lo previamente instalado por la Dictadura pinochetista. Dicho de otro modo: Si alguien tenía dudas sobre el contenido y sentido de las políticas policiales y militares impulsadas por los gobiernos de la Concertación, los sucesos de la última semana echan por tierra toda consideración positiva o siquiera neutral frente a lo hecho durante los mandatos concertacionistas.

 

Lo primero, y que resulta más evidente, es la impresentable mantención de una doctrina militar fuertemente marcada por la pertenencia de los altos mandos a la oligarquía más rancia del país, y sus sectores más conservadores y reaccionarios. La continuidad de un sistema de separación absoluta entre las carreras de «suboficiales» y de «oficiales», pone de partida un marco de clasismo y enclaustramiento en los mandos altos de las Fuerzas Armadas, que condiciona fuertemente hacia unas visiones políticas y culturales siempre temerosas frente a todo cambio social en sentido igualitario y de justicia social. Pero por si aquello fuera poco, la sumisión de la doctrina militar nacional hacia el orden geopolítico defendido e impulsado por el imperio de Estados Unidos, agrava el problema a más no poder. Y en la continuidad de una y otra cosa, esto es, la captación de las altas jerarquías militares por parte de los sectores más oligárquicos y derechistas de nuestra sociedad, como su entrelazamiento con la doctrina y el poder militar estadounidense, los gobiernos de la Concertación tienen una responsabilidad grave y directa.

 

Partiendo por la continuidad y ampliación de la formación en la mencionada «Escuela de las Américas», cuyo nombre oficial («Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad«), oculta sus objetivos más profundos: la formación funcional a los intereses del imperio estadounidense de los militares y policías de sus países subordinados. Los datos oficiales del programa Direct Comercial Sales (DCS) del Departamento de Estado estadounidense (esto es, lo que en el resto de los países es la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que en este caso encabeza la política imperial del Estado), indican que la mayor crecida en los «alumnos» enviados en el período 1999-2012, se produjo durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, pasando de 2 a 159 efectivos en el año 2001. Es relevante señalar que, debido a que a mediados de los 80s el Gobierno de Estados Unidos puso distancias frente a la Dictadura pinochetista, volcando sus apoyos a la oposición moderada, la cooperación militar con las Fuerzas Armadas chilenas había tenido un repliegue, que, como indican los datos señalados, se reanudó fuertemente con la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006), en una tendencia creciente que se intensificó aún más con el Gobierno de Michelle Bachelet, en cuyo primer mandato (2006-2010) un total de 585 viajes de instrucción.

 

Michelle Bachelet posando con las tropas de la «Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití» (MINUSTAH).

 

Para agravar lo anterior, es imposible omitir la impresentable participación del Gobierno y las Fuerzas Armadas de Chile en las operaciones de Golpe de Estado e intervención imperialista en Haití, a partir del año 2004, cuestión encabezada por el Gobierno de Ricardo Lagos y su Ministra de Defensa, Michelle Bachelet (Ver «Cuando Bachelet se hizo parte del Golpe de Estado e Intervención imperialista «humanitaria» en Haití«). O la instalación de la base militar policial «en cooperación» con el Gobierno de Estados Unidos, en el «Fuerte Aguayo» de Concón, Región de Valparaíso, lugar donde en reiteradas ocasiones las autoridades chilenas señalaron oficialmente que no se trataba de una base militar estadounidense, si no un lugar de preparación y entrenamiento militar-policial para situaciones de «convulsión interna» y revuelta popular, precisamente en coyunturas como la actual chilena.

 

Además de tales acciones y alineamientos externos, el creciente e indiscriminado presupuesto nacional destinado a las Fuerzas Armadas y de Orden, ha acrecentado aún más sus dotaciones y la compra de armamento de diverso tipo en sus distintas ramas y cuerpos militares o policiales. En cuanto a lo militar, nuestro país figura de manera sostenida en la cúspide del gasto militar en la región, sólo superado por Colombia, que como es sabido, tiene un conflicto armado interno declarado hace décadas. En cuanto a lo policial, como ha sido notorio para cualquiera que haya participado de la movilización social en Chile, y cualquier observador/a atento/a, ese armamento se ha ocupado sistemática e intensivamente contra la movilización social de todos estos años, en especial un uso recurrente y masivo de gases comprados a la industria militar estadounidense e israelí. Por su parte, es sabido el principal foco de militarización y represión estatal de todos estos años: el conflicto chileno-mapuche principalmente en las regiones del Sur (Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos), en un conflicto donde se han ido practicando persistentes y nada menores violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos personales y del Pueblo Mapuche.

 

Por otra parte, la línea de «políticas públicas» vinculadas a la idea de «seguridad ciudadana» y represión policial en sentido autoritario se proyectó sin cesar y de manera creciente por todos los gobienos de la transición, teniendo el último rato un irresponsable aumento del aparato policial y militar, que ha decantado además en innumerables e incuantificables pérdidas para el Fisco chileno y una «caja negra» de difícil investigación, con un multimillonario desfalco y robo de recursos estatales.

 

Dicho todo esto, las altas dirigencias y gobernantes de la Concertación tienen una clara y directa responsabilidad política frente a la situación que hoy vive el país. En particular, eso condiciona fuertemente las posiciones y posibles pronunciamientos de la hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Las multitudes puestas en movimiento con la revuelta popular en Chile, deben también interpelar y tener en consideración los hechos y circunstancias aquí expuestos.

 

En lo propositivo, es central instalar en los debates y deliraciones populares acerca del proceso y Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución, la cuestión de la Refundación de las Fuerzas Armadas y de Orden. Para esto, puede resultar importante realzar las señales de dudas, tensión, relativa empatía, o desacato de ciertos militares, y otras tantas que puedan darse en lo venidero. Se deben tocar todas las aristas de tal refundación: La reelaboración del ideario y la doctrina militar y policial, sus estructuras de mando, la instalación de la demanda de Carrera Militar y Policial únicas, unitarias, sin el clasismo exhacerbado que hemos padecido. No ponerse límites en aquello: Son necesarias e históricamente urgentes unas Fuerzas Armadas y de Orden efectivamente patrióticas, con una integración y organización igualitarias y populares, unidas a los anhelos y necesidades de los pueblos de Chile, antiimperialistas y anticoloniales, propiciadoras de un Mundo multipolar y contra el belicismo y la militarización.

 

Ampliaremos.


Fuentes y más información:


Video oficial de la Embajada de los Estados Unidos sobre el Fuerte Aguayo:


El hoy Diputado Hugo Gutiérrez, pronunciándose sobre el Fuerte Aguayo (abril de 2014):

Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y teoría política.

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