Organizaciones de vivienda se pronuncian contra proyecto de ley de falsa integración social y urbana

Compartimos declaración emitida por este conjunto de organizaciones que luchan por el derecho a la Vivienda Digna:


Pronunciamiento de organizaciones de vivienda contra proyecto de ley de falsa integración social y urbana

 

Rechazamos la iniciativa legal presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera junto al Ministro de Vivienda Cristian Monckeberg, quienes proponen un proyecto de “integración” que no integra a la discusión a quienes habitamos los territorios, construimos las ciudades, y quienes desde nuestras organizaciones hemos levantado proyectos de integración efectiva, nacidos desde las necesidades de las y los pobladores, reconociendo en la vivienda y la ciudad un derecho que hemos ido tomando con nuestras propias manos ante la negación del Estado de Chile y en particular de este Gobierno.

 

El proyecto presentado aborda la segregación desde un punto de vista de acceso a los bienes de consumo, construyendo una integración en función de las dinámicas de consumo y no desde una perspectiva democrática de construcción de ciudad. Se basa en la tesis de que la construcción de un mix social a nivel territorial eliminará las inequidades y desigualdades territoriales en las ciudades. No obstante, es una avanzada y profundización del Neoliberalismo en las políticas habitacionales en Chile, consagrando el rol del Mercado en la producción de ciudad.

 

Este proyecto de ley permitirá al Serviu concesionar los terrenos a las empresas inmobiliarias para que estas desarrollen proyectos de construcción para arriendo, mientras el gobierno inyecta dinero al subsidio de arriendo, quitando recursos a la construcción de barrios dignos y de postulación colectiva.Es importante mencionar que se instala el proyecto como una apuesta contra la segregación y la exclusión por medio de generar proyectos de vivienda donde una porción mínima de esas viviendas sean destinadas a beneficiarios del subsidio. Sin embargo lo real es que sólo se encontrarán pobres urbanos con diferentes capacidades de endeudamiento; y aunque consideramos que la integración social es hacer encontrar ricos y pobres, esto no representa otra cosa más que un absurdo, ya que implica asumir que los problemas de segregación y exclusión son producto de la falta de interacción entre las clases sociales, y no un problema del control y distribución de la riqueza nacional. El problema de la equidad en el acceso a los servicios y bienes de uso público no se soluciona trasladando cien familias pobres a una comuna de clase media, sino garantizando una buena calidad de vida a las cientos de miles de familias que viven en comunas periféricas, sin hospitales de calidad, sin colegios de calidad, lejos de los centros de trabajo.

 

Por otro lado, este proyecto apuesta a flexibilizar normas de constructibilidad por medio de un mal llamado “incentivo a la integración”, que en realidad es la capacidad de ir por sobre la norma en las definidas “zonas de integración” para ajustar las condiciones de desarrollo inmobiliario de acuerdo a los intereses y necesidades de los empresarios, bastando que sólo el 1% de las unidades habitacionales sean de Vivienda Social para que se apliquen los “incentivos”. Por tanto, esto parece más un incentivo a la dinámica inmobiliaria privada y sus actores relacionados, que el desarrollo de viviendas sociales de alto estándar en espacios urbanos centrales de carácter integradas, bajo una mirada democrática y de derecho.

 

En definitiva, este proyecto no apunta de manera directa y honesta a la integración social y menos aún a pensar la ciudad de manera democrática y el techo como un derecho, sino más bien es una política de incentivo a la inversión empresarial que apunta a dinamizar el mercado de la construcción, la banca y el retail, sin profundizar en democracia local, participación en el diseño de la ciudad y los barrios, consideración de los rasgos culturales de los habitantes, sin abordar de manera seria la desigualdad y la exclusión social, sin reconocer la función social del suelo, manteniendo la vivienda como un bien de consumo en donde la orientación está dada a partir de la gestión y el lucro de las empresas inmobiliarias, profundizando la política habitacional de los últimos 40 años.

 

Este proyecto representa una vez más la violencia del Estado frente a las y los pobladores, buscando construir un proceso donde la postulación sea solo de carácter individual y gestionada por el mercado habitacional, diferenciando los segmentos de la población por medio de su capacidad de endeudamiento, destruyendo los mecanismos de postulación colectiva así como toda forma colectiva de construcción social del espacio urbano. El contenido del proyecto es, en resumen, la privatización de la ciudad y de nuestros barrios.

 

La apuesta debe ir por compactar y densificar el espacio urbano pero con la participación vinculante de quienes habitan los territorios, buscando emplazar proyectos definidos de manera autogestionada y llevar la ciudad hacia las y los excluidos y marginados de la ciudad, ampliando la presencia del Estado, dotando de equipamiento y atributos urbanos con buena accesibilidad. Se hace necesario construir un banco de suelos para la construcción de viviendas sociales al que puedan acceder los comités de vivienda con el fin de proponer proyectos democráticos, sustentables y sostenibles con el habitar frente al des criterio privado, expresado en los “guetos verticales”.

 

Es momento de que las políticas públicas consideren la voz popular, y en particular, consideren la voz de aquellos pobladores y pobladoras que durante años hemos propuesto una política alternativa de vivienda, cuyo fin sea asegurar el derecho a la vivienda y la ciudad; la voz de quienes por medio de grandes luchas hemos logrado construir barrios autogestionados de un estándar mayor a lo que ofrece el Estado y el mercado habitacional, construidos con la identidad y cultura de sus habitantes, y que ha restablecido por la fuerza el derecho a una vivienda digna. Hacemos un llamado a las y los pobladores de Chile, a los comités de vivienda y a las organizaciones territoriales, a encontrarnos para hacer frente a este proyecto que pondrá nuestras necesidades y derechos en manos de los mismo artífices de las casas de nylon y de los guetos verticales, para recuperar nuestro derecho a la vivienda y la ciudad, y para construir colectivamente nuestros barrios.

 


Pintana Solidaria
Movimiento Solidario Vida Digna (MSVD)
Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha (MPL)
Movimiento de Pobladoras/es Vivienda Digna (MPVD)
Federación Nacional de Pobladores (FENAPO)
Comité por un Santiago Multicolor
Coordinadora Newen

Comentarios (1)

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    Roberto Peňa

    Estimados:
    No sacamos nada de alegar, cuando nosotros mismo como ciudadanos hemos tenido la culpa, cuando un poblador le hacen entrega de su propiedad, este espera el plazo de los cinco aňos y la vende, hay estadisticas donde se han entregado vivienda social del 100% el 70 % son propietarios nuevos quedando el porcentaje restante propietarios del comite primitivo.
    Ademas el Alcalde Jadue es el impulsor de las vivienda social para Arriendo.
    Debemos saber elegir bien nuestros ALCALDE y Concejales ahora es la prueba de fuego para los partidos politicos.
    Pero estimados eduquemos a nuestros vecinos que conforman un comite que no vendan sus propiedades cuando se cumple el plazo de los cinco aňos del Serviu, esa estadistica la tiene el gobierno y es su caballito de guerra, por esos nuestros diputados que son de oposicion han hecho muy pocas indicaciones al proyecto de ley primitivo.
    Hay que luchar pero educando a nuestros socios, la integracion social esta hecha para las familias que tienen in poco de ingreso percapitad, pero es una realidad que se va hacer efectiva.
    Y nosotros seguimos votando por los mismos diputados y senadores quienes legislan este pais.
    No mas de lo mismo.

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