Reflexión Vivida sobre el Derecho a la Vivienda en nuestro Chile actual

Por Jonathan Arriagada Aravena

Dirigente de Coordinadora de Vivienda de San Antonio y Comité Río Bueno.

Miembro de la Comisión de Vivienda de ND – San Antonio

 

Cada cierto tiempo me ha tocado pasar por las oficinas de SERVIU y ver filas interminables de familias inscribiéndose para participar prácticamente de un concurso, un concurso de la necesidad, en donde se echa a la suerte un derecho humano y familiar, en una competencia inhumana, desgarradora y despiadada que pone a competir necesidad contra necesidad.

 

Estas filas interminables de familias que sueñan con una casa y que se repiten a lo largo de todo Chile, se vuelve mucho más dolorosa cuando los resultados llegan a publicarse y muchas de estos grupos familiares ni siquiera quedan seleccionadas para un subsidio (un subsidio que no es otra cosa que dinero y no una solución habitacional como corresponde a un Estado que ha reconocido el derecho a ella).

 

Es lamentable ver a estas familias, no solo competir entre ellas por condiciones de vida más dignas para sus hijos, sino más encima tener que luchar contra el tiempo para conseguir comprar una vivienda, con un subsidio irreal, y que no se ajusta al actual precio del mercado y que muchas veces termina siendo una triste e inimaginable frustración para tantos chilenos al ver fracasar sus intentos por encontrarla.

 

La actual política de vivienda, discriminadora, clasista, bancarizada y mercantilizada, no hace otra cosa que evadir la responsabilidad del Estado de Chile, al ser gestor, constructor y vigilante de la solución habitacional, y no ser solo un pasivo observante subsidiario, traspasando importantes sumas de capitales a las inmobiliarias privadas.

 

Estas empresas que con toda su lógica persiguen fines de lucro y no ser un aporte social, buscan garantizar sus ganancias, mermado muchas veces la calidad de la vivienda a construir.  Podríamos mencionar innumerables casos del fracaso de esta política mercantil, tales como las casas Copeva,  que no fueron capaces de resistir ni las lluvias más tenues  de la región metropolitana; también el caso de Altos de Bellavista en San Antonio, casas que debieron ser demolidas  pocos días antes de su entrega, por sus tremendos déficits estructurales; o la  inexplicable demora de años y años  en finalizar la construcción de los departamentos del Faro 1 y 2 y en el Sector del Cementerio (también en San Antonio) con la obvia prolongada incertidumbre de las familias, al no tener la certeza de si estas construcciones resistirán o no un temblor de escala media y no se transformen en una “trampa mortal”. Esto casos los menciono solo por nombrar algunos, pues la lista puede ser casi interminable.

 

Esta política de vivienda, que en los años 90s fuera la batería electoral de promesas de bienestar y buen vivir, de un conglomerado político que la fue abandonando paulatinamente, privatizando la necesidad del derecho habitar de los ciudadanos y que en la actualidad permite que por lo menos entre el 20% al 40% del total del subsidios para construir una casa de 42 M² termines en las arcas de la empresa privada, no ha hecho otra cosa más que ir profundizando una crisis que puede tener ribete de tragedia, la que, como siempre, afecta a los más pobres. Como dato doloroso que no nos puede hacer sentir orgulloses, podemos decir que hoy (en el año 2018) según datos entregados por el Estado, en Chile, tenemos las mismas cantidades de tomas de terreno que tuvimos alguna vez en el año 1987 en plena dictadura, con una  crisis económica que tenía a la mitad de las  familias viviendo bajo el nivel de la extrema pobreza.

 

Esta política es discriminadora, porque no reconoce al extranjero como sujeto de derecho y no se hace cargo de nuestra juventud. Es clasista, por qué no tiene como objetivo la integración social real y nos divide según ingreso, presentándonos diferentes DS para cada estrato socioeconómico, lo que no es más que un discurso de supuesta buena fe. Es bancarizada, ya que obliga a asumir a las familias préstamos hipotecarios millonarios y abusivos, adquiriendo casi por obligación deudas hasta 40 años, golpeando aún más a los estratos bajos y medios, desconociéndoles su derecho habitar. Es mercantilizada, ya que ve como única opción el impulso de proyectos privados, dejando atrás como Estado Chileno su rol garante del buen vivir para todas y todos.

 

Creemos que es necesario abordar con responsabilidad y alturas de mira una solución que devuelva al Estado la responsabilidad de ser impulsor de calidad de vida, con la discusión de una nueva y única política de vivienda y que en sus cimientos tenga el deber de ser inclusiva, que ponga por encima del derecho a la propiedad y el lucro, el derecho al hábitat, que permita el correcto desarrollo familiar, social, cultural de los sujetos, por sobre el mercado.

 

Una política que permita agilizar el mercado de la vivienda privada, sin la necesidad de endeudar a las familias de estratos medios por años y años, que tenga como objetivo la sana competencia entre el Estado Garantizador VS el Mercado Competidor, que con ofertas reales permita terminar con la especulación inmobiliaria y asegure un producto habitacional de verdadera calidad, tanto en precios, calidad y tamaño, para terminar con la política gueto y del hacinamiento vertical que hemos visto en estos últimos años, al que a observamos impávidos, el que es síntoma claro de un sistema enfermó que pone por encima las ganancias vs la calidad del buen vivir. (Estación Central un claro ejemplo).

 

No es suficiente sólo el reconocer la crisis que se nos avecina, como lo ha hecho el presidente Sebastián Piñera en su último discurso del 21 de mayo de 2018, en donde se habla de 35 mil familias sin hogar y mucho menos el aumento de subsidios o el aumento de los montos de estos. Necesitamos construir una nueva política de vivienda, con una verdadera mirada social, inclusiva, no discriminadora, de calidad y que permita el buen vivir el desarrollo de las familias. Una mirada en donde la vivienda estatal, no solo se vea como el acceso a la propiedad, si no al derecho al hábitat, de forma digna, inclusiva y como una verdadera manera de llegar a la “casa propia”.

 

 

Imagen extraída de contested-cities.net

 

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