Sobre la violencia, el Estado de Excepción, y la encrucijada global actual. A propósito de la revuelta popular en Chile

Lo que está pasando en Chile y muchas otras partes del Mundo, es entre otras cosas una encrucijada histórica de marca mayor, en la que existe la posibilidad de un paso de avance de un militarismo extremo y un Estado de Excepcion como cuestión generalizada y creciente, como «norma» más allá de lo escrito y lo declarado, como «normalidad» a la cual los Pueblos tendrían que acostumbrarse a padecer. Un Estado de Excepción donde se pretende que las violaciones más graves y sistemáticas a los Derechos Humanos más esenciales pasen a ser habituales y parte de la cotidianeidad.

 

Lo anterior es una cuestión impulsada por los poderes más altos de la escena planetaria en el último tiempo, cuestión que, como tantos intelectuales y observadores han observado, es una tendencia acrecentada a más no poder tras los sucesos aún no aclarados y altamente sospechosos del 11 de septiembre de 2001. Tal tendencia tiene a los poderes vinculados al imperio estadounidense a sus principales protagonistas.

 

Del otro lado, estamos las resistencias, luchas, y anhelos populares que nos oponemos a tan preocupante escenario, que puede terminar de arrasar con las condiciones básicas de vida y sociedad en nuestro planeta.

 

A ningún ser humano de mínima bondad debiera gustarle la violencia por la violencia. Pero en la historia y en el presente, hay violencias legítimas e inmersas en procesos de movilización y revuelta popular que tienen sentido y razón, procesos que son tan justos que hay momentos en que el apoyo a ellos es tan mayoritario y asentado en profundas causas y convicciones, que el ejercicio de la violencia popular, en un sentido de autodefensa y de rebeldía ante el inaceptable e invivible orden establecido, es preciso defender y ejercer.

 

Por cierto, no toda violencia en general ni popular en particular, debiera ser defendible. La violencia contra las cosas, es distinta a la violencia contra las personas. La violencia defensiva frente a la respuesta militarizada de un régimen de facto, es distinta a la frente a fuerzas o personas no armadas, o ante un orden más democrático y sujeto al Derecho.

 

Lo anterior, que suele satanizarse por la prensa dominante y el discurso liberal más conservador, no es algo ajena a las normas y principios Derecho vigente. En prácticamente todas las legislaciones penales del Mundo se reconoce y regula el ejercicio del derecho a la legítima defensa, cuyos principios generales, pueden servir también a evaluar la legitimidad de la violencia popular (y de todas violencia, también la estatal), en particular, la proporcionalidad entre la agresión o amenaza, y la respuesta ejercida en su contra.

 

Y nunca estará demás recordar el «derecho a la rebelión» que constituyó desde hace siglos un pilar del desarrollo del pensamiento político y jurídico de la sociedad moderna, y que tiene reconocimiento en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que, textual, declara: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre [y la mujer] no se vea[n] compelido[s] al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».

 

Dicho todo eso, la revuelta popular curso en Chile, en general, ha tenido una alta inteligencia y proporcionalidad en el ejercicio de su legítimo derecho a la autodefensa y al derecho a la rebelión. Se han atacado sólo cosas y a integrantes de las fuerzas policiales y militares. Los edificios e instalaciones atacadas y saqueadas son casi sin excepción instalaciones de las grandes empresas, edificios públicos, y referencias de los poderes establecidos. El cuidado de la seguridad interna entre las y los manifestantes resulta conmovedora, en una multiplicidad de iniciativas que mantiene todo en un «orden» paralelo al dominante.

 

Una unidad popular creativa y actuante, en la que conviven estratos y grupos sociales diversos, incluso antes antagonistas y con no poca violencia entre ellos, como el ya referencial caso de una irrupción antes impensada de compañerismo y fraternidad entre las distintas barras de clubes de fútbol. Por su parte, el cuidado por no atacar lugares habitados o con personas adentro, o locales y negocios de mediano o pequeño tamaño, ha sido un gran mérito de la revuelta, y debe continuar así y ser parte de la inteligencia colectiva creciente desplegada por las multitudes puestas en marcha.

 

Una tarea de primer orden para quienes podemos aportar con elaboración y disputa «de relato» en torno a todo lo que viene pasando, dice relación con la comprensión y significación de la violencia, de las violencias. Aunque sea polémico y difícil de argumentar en ciertos espacios, momentos o circunstancias.

 

Hablemos de violencia, de toda la violencia, de todas las violencias: de las que son legítimas y las que no, de las que dan pasos adicionales hacia una barbarie generalizada, y las que pueden contribuir a detener ese avance.

 

Ante la violencia de un «Estado de Excepción» que, declarado «legal» o constitucionalmente» o no (lo hecho por Piñera vulnera incluso la regulación de los Estados de Excepción de la Constitución vigente), tenemos que decirlo fuerte y claro: Los Pueblos tenemos el derecho a la legítima defensa y al derecho a la rebelión. Ante las masivas y graves violaciones a los Derechos Humanos y el avance de un Régimen de Facto, y con las prevenciones que puedan hacerse, tenemos derecho a la violencia popular.

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