A propósito de la vuelta a las armas de parte de las FARC: Algunas claves para entender el conflicto armado en Colombia

A propósito de la vuelta a las armas de parte de las FARC (ver «Fracción de las FARC retoma las armas: Su partido lo rechaza y reafirma el Acuerdo de Paz«), presentamos aquí algunas claves para entender el escenario de conflictos armados en Colombia:

 

1. El escenario de conflictos armados recurrentes es una cuestión extendida en toda la historia colombiana. Este país, el tercero más poblado de latinoamérica, tuvo en el primer siglo de independencia un frecuente enfrentamiento entre las elites liberales y conservadoras, y entre las oligarquías de las distintas regiones del país, que por cierto arrastraban a distintas franjas de la sociedad colombiana y los sectores populares. Los procesos modernizadores y las luchas por la incorporación de los sectores populares de las izquierdas en la cerrada escena oligárquica, marcan las primeras décadas del siglo XX, y como en el resto del continente, esto se plasma en nuevas fuerzas y referencias políticas progresistas, nacionalistas o nacional-populares, y/o de izquierdas.

 

2. En abril de 1948, y en el contexto de las sesiones de fundación de la “Organización de Estados Americanos”, OEA, el sicariato asesina al dirigente y referente popular Jorge Eliécer Gaitán, quien probablemente se convertiría luego en Presidente del país, suscita el “Bogotazo”, una gigantesca revuelta social que marca un antes y un después en la historia colombiana. Esta contingencia muestra la cruda exclusión política y económica de amplias franjas sociales, y el cierre de las posibilidades de disputa política institucional y electoral para las izquierdas opositoras al orden oligárquico y liberal – conservador .

 

3. El escenario de convulsión señalado desemboca en el año 1957 en el acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores conocido como “Frente Nacional, motivado por establecer un pacto de gobernabilidad entre las elites que sirviera de freno a mayores irrupciones populares, y frente a la expansión de las izquierdas electorales y armadas. Este pacto (análogo al que en Venezuela se conoció como “Pacto de Punto Fijo”) perduró formalmente sólo hasta 1968, pero forjó un orden bipartidista que domina con poco contrapeso en las instituciones hasta al menos el proceso constituyente donde se redacta la Constitución de 1991. Mientras tanto, fuera de la institucionalidad, se fundan en el año 1964 las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las dos fuerzas guerrilleras más importantes hasta el presente, y más tarde, en 1974, la del “Movimiento 19 de abril”, también conocido como “M-19”.

 

4. El conflicto armado con las guerrilas de izquierdas se había transformado por la irrupción del cultivo y comercio de la coca, fenómeno que en las década de los 70s y 80s tiene una rápida expansión, surgiendo núcleos y territorios controlados por el enorme poder de los “carteles” del narco. El conflicto pasa a ser multilateral: fuerzas estatales, paramilitares, narcotráfico, guerrillas. En el transcurso de los 80s, el conflicto armado (o los conflictos armados) se intensifican, hasta un punto tal que pone la cuestión de un cambio constitucional como posible solución a una descomposición muy agravada del cuadro del país.

 

Como muestra de aquello, señalar que entre agosto de 1989 y abril de 1990, tres candidatos presidenciales de los sectores de izquierdas y progresistas son asesinados: Luis Carlos Galán del sector progresista de Partido Liberal, Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica (fuerza formada a propuesta de las FARC en conjunto con otros grupos en el marco de un intento de desmilitarización), y Carlos Pizarro del M-19. En paralelo, una ardua discusión política y parlamentaria se da en torno a la extradición de inculpados por narcotráfico hacia Estados Unidos. En este contexto, irrumpe el proceso constituyente de 1990 a 1991.

 

4. El proceso constituyente de 1990 – 1991. El asesinato de Luis Carlos Galán motivó de inmediato el rechazo ciudadano y popular, y una masiva “Marcha del Silencio” convocada por el movimiento estudiantil, tras la cual se intensificaron las actividades relacionadas con la crítica situación del país, incluyendo en aquéllo la demanda de una reforma al Estado. Surge de ahí la idea de la “séptima papeleta”, un voto adicional a las seis papeletas oficiales de las votaciones de marzo de 1990, obteniéndose una cifra significativa de algo más de 2 millones de papeletas no oficiales de apoyo a la convocatoria constituyente. En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo de 1990, el Presidente Virgilio Barco emite un decreto de Estado de Sitio para, dadas las facultades adicionales que se le otorgaban con él, dar curso a una consulta popular sobre la convocatoria a una asamblea constituyente en dichos comicios. Atendido el apoyo popular y la urgencia de dar una salida a la crisis general, la Corte Suprema declara constitucional el decreto. Se abre así el proceso constituyente.

 

5. La Constitución de 1991 fue producto de un amplio anhelo social de mayores niveles de democracia y la consecución de la esquiva paz y justicia social. En lo jurídico, significó importantes avances en materias como la ampliación del catálogo de derechos fundamentales y el establecimiento de nuevos mecanismos de garantía y tutela judicial de ellos, el reconocimiento de la multiculturalidad, una tendencia a la descentralización política, ciertos avances en participación ciudadana, y el establecimiento de una Corte Constitucional cuya jurisprudencia ha sido en general un factor progresista en el escenario jurídico colombiano y latinoamericano. Sin embargo, el proceso constituyente, de una bastante amplia participación popular, y lo derivado de él, no significó una ruptura y superación frente a los problemas derivados de la amplia oligarquización de la política, la alta conflictividad y violencia, y la no amplicación y anclaje efectivos de las normas constitucionales y legales a la realidad social. De este modo, la Constitución de 1991 incorporó ciertos anhelos de democratización y refundación institucional, pero en un contexto histórico de amplio predominio de la ideología neoliberal en el país y el contexto regional y mundial, por lo que las cuestiones económicas e institucionales constitucionalizadas en el texto constitucional cumplieron un esencial rol en la profundización neoliberal posterior, y su desenvolvimiento en los años venideros supusieron una limitación a las demandas democráticas desplegadas en el proceso de reemplazo constitucional.

 

6. En la trayectoria posterior al momento constituyente, el predominio de las fuerzas políticas tradicionales, que se había relativizado en las elecciones a asambleístas especialmente con la crecida electoral de la «Alianza Democrática M19», AD M19 (la fuerza política y electoral formada por el M19 en proceso de desmilitarización), volvería a reconstituirse en los años posteriores, poniendo en cuestión los intentos de un mayor pluralismo y participación popular en la política. Por una parte, la expresión política de ciertos sectores de las guerrillas que se habían desmilitarizado, la Unión Patriótica, sería objeto de una intensa persecución paramilitar, con un resultado de más de 5 mil asesinatos de militantes y dirigentes de sus filas. Por su parte, el conflicto armado con las guerrillas FARC y ELN seguiría su curso, y junto a la amplificación del mercado del narcotráfico y del narcomilitarismo, y sus vínculos con las elites políticas y económicas (que provocaría la derogación de la prohibición de la extradición en 1996), y la continuidad y crecimiento de las fuerzas paramilitares por parte de los sectores latifundistas y más conservadores del país, marcarían un escenario de tensiones y exclusiones sociales y políticas que se mantienen hasta el día de hoy.

 

7. La continuidad de la guerra y profundización neoliberal. El reforzamiento de un presidencialismo de mando conservador – autoritario, por su parte (en el 2005 el Gobierno de Álvaro Uribe promovería exitosamente una Reforma Constitucional para permitir la reelección), pondría un límite infranqueable a una mayor apertura y participación política, en especial dada la continuidad de un sistema de partidos y fuerzas políticas fuertemente inclinado hacia los sectores políticos más conservadores y neoliberales, con una alta represión y criminalización de la disidencia política y la organización y la protesta social, y las dificultades aún hoy no superadas que pone ese escenario para las fuerzas sociales y políticas democratizadoras y favorables a un “Estado Constitucional y de derechos” que insinuaba la carta fundamental de 1991. La continuidad y profundización de los lazos entre los sectores dominantes del país, y el narcotráfico y crimen organizado, por una parte, y una injerencia estadounidense abierta e institucionalizada incluso al nivel de la presencia militar en el país, por otra, han sido parte de un conjunto de factores que conspiran contra una democracia y paz de al menos algún grado de vigencia básico. Todos estos factores han vuelto a poner en el tapete las limitaciones de la institucionalidad constituida y la propia Constitución de 1991, en especial dados los “Dialógos de La Habana” con los que el Gobierno actual y las FARC obtuvieron un nuevo acuerdo de desmilitarización.

 

8. El proceso de negociación con las FARC. En este nuevo proceso de negociación, se trató una vez más la cuestión de la posibilidad de una nueva convocatoria a un debate y proceso constituyente o de cambio constitucional y un conjunto de propuestas en torno a la redistribución de la tierra o la legalización de las drogas. De éxito relativo, este proceso tuvo un tropiezo en el plebiscito popular de octubre del 2017, donde triunfó por estrecho margen la negativa al acuerdo firmado con las FARC, lo que de todas formas no detuvo la implementación parcial de los acuerdos. En función de estos, las FARC constituyeron una nueva fuerza partidista, la “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, que integra actualmente el Congreso colombiano. Sin embargo, el incumplimiento de numerosas materias del acuerdo han saltado cada vez más a la vista, con un significativo recrudecimiento de la violencia contra integrantes de organizaciones y movimientos sociales como expresión más cruda de la continuidad de las causas que han motivado la guerra.

 

9. En cuanto a lo político institucional, señalar que en las recientes elecciones presidenciales del 2018 se dio una cuestión inédita: el paso a la segunda vuelta de la candidatura de Gustavo Petro, otrora guerrilero del Movimiento 19 de abril, senador por el “Polo Alternativo Democráitco, y alcalde de Bogotá. Así, si en la segunda vuelta de las presidenciales del 2014 las izquierdas se vieron tensionadas por la opción entre la derecha del presidente Juan Manuel Santos y una ultraderecha expresada en la candidatura Óscar Zuluaga, representante del “uribismo”, y en la que la cuestión de diferencia central entre ambas era la postura que tenían sobre la necesidad de una negociación y acuerdos con las guerrillas (ver “Segunda vuelta presidencial entre dos derechas, y el laberinto de la política y la violencia armada en Colombia”), en las del año recién pasado se expresó más nítidamente una expresión político-electoral de impugnación al modelo neoliberal, con un entusiasmo popular no visto en el último tiempo, incluyendo una participación electoral también inédita, con casi 3 millones 800 mil votantes más que en la segunda vuelta del 2014, expresivo de la existencia de importantes franjas de la sociedad colombiana en búsqueda de un cambio político que desplace la hegemonía neoliberal de las últimas décadas. En todo caso, el triunfante y actual Presidente Iván Duque, es un peón político del “uribismo”, el sector más recalcitrante y conservador de la escena colombiana. Desde su toma de posesión, numerosos puntos de los acuerdos con las FARC son incumplidos.

 

10. Este es el contexto en que se da el anuncio de un sector de las FARC de vuelta a las armas y reanudación de la lucha armada. Es, de todos modos, de un sector conducido por dirigencias históricas importantes, pero que no cuenta con el apoyo de la parte mayoritaria que sigue en la posición de defensa del cumplimiento de los acuerdos (ver comunicado del Partido FARC), aunque de inmediato surgió la posibilidad de una eventual alianza con el ELN, en una alianza entre las dos principales guerrillas que no se ha dado muy frecuentemente. En todo caso, este anuncio muestra una realidad apenas ocultada por los discursos dominantes: Hay una dinámica de simultánea guerra híbrida, a la vez que no convencional y «de cuarta generación«, extendida en buena parte de la cuenca del Caribe y en la parte norte de Sudamérica, en un escenario de alta conflictividad armada, y que tiene en Colombia y Venezuela, y la frontera entre ellas, un “punto caliente” que debe ser objeto de atención por todas las vocaciones de cambio y transformación social de la región. Por cierto, la injerencia estadounidense, y la continuidad de las lógicas del paramilitarismo y el sicariato, o la extensión de la militarización y el armamentismo, son fenómenos que, sin duda, también explican lo que se vive a uno y otro lado de la frontera colombo-venezolana, y en torno a la situación en Venezuela.

 

Es de desear, que las distintas vocaciones democráticas, por la paz y la justicia social, en las que han habido y hay actores también armados, puedan avanzar en el presente e imponerse ante las tendencias y fuerzas que conspiran en contra de ello.


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  • Sobre el proceso Constituyente de 1990 y 1991 y la nueva Constitución

 

 

Abogado. Investigador en temas de Nuestra América, Derecho Constitucional, y teoría política.

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