Vocera del Movimiento por el agua y los territorios: “la normativa ambiental está a la medida de las empresas”

Por Gabriel Cardozo.

#DeFrente

 

Puchuncaví y Quintero son un ejemplo de cómo la industrialización se posicionó y consolidó raíces para destruir ambientalmente una zona que ostentó en tiempo pasado una amplia belleza natural, frondosos paisajes y aire limpio. Los desastres ambientales producto de la contaminación, sumado a una carente fiscalización de parte del Estado, tienen a los habitantes de la zona sufriendo a diario las consecuencias de vivir un sector que se caracteriza por una despiadada sobreexplotación del ambiente, desarrollo amparado en la promesa del “trabajo”, pero dejando a su paso cuantiosos costos ambientales y consecuencias para la salud, algo muy propio de un modelo neoliberal.

Entrevistamos a Camila Zárate, vocera de la zona centro del “Movimiento por el agua y los territorios”, quien en esta primera parte de la entrevista, nos entrega una visión más amplia sobre las crisis ambientales que sufre Chile, producto del modelo económico.   

 

El debate sobre DDHH ha sido protagonistas de portadas en las últimas semanas. En esta línea, ¿cuál es la responsabilidad del Estado chileno, actual y anteriores, en la vulneración de DDHH y sociales por exposición prolongada a agentes contaminantes?

Las chilenas y los chilenos están pasando por días de reflexión respecto de los derechos humanos. El 30 de agosto se conmemoró el Día del Detenido Desaparecido, lo cual nos ha hecho recordar los graves crímenes cometidos en dictadura, pero también los hechos ocurridos en plena democracia, como el asesinato de la mujer, activista y mapuche Macarena Valdés ocurrido en agosto del año 2016, que aún no ha sido esclarecido por las autoridades de gobierno pese a que la tesis del suicidio ya ha sido social y políticamente descartada. Ahora bien, estas graves vulneraciones a los derechos humanos, también se expresan en la vulneración sistemática del derecho a la salud y a vivir en un medioambiente libre de contaminación, que ocurre desde hace casi 60 años en el territorio de Quintero y Puchuncaví, así como en otros territorios de sacrificio en Chile.

 

 

El Gobierno responsabilizó a ENAP por la nueva crisis ambiental. ¿Crees que existió una estrategia detrás de esto para desviar la atención respecto de la inversión privada en la zona, en específico con Fernando Barros (Oxiquim) y la relación con Sebastián Piñera?

Es algo que se asevera desde el mismo territorio. Son las mismas vecinas y vecinos de Quintero y Puchuncaví quienes han denunciado esta estrategia del gobierno la que primero consistió en responsabilizar apresuradamente a ENAP sin las pruebas necesarias, siendo incluso cómplice de lo anterior la misma superintendencia del Medio Ambiente al decretar como medida preventiva al cese de faenas de ENAP, pese a que es la institución creada para velar por el cumplimiento de la normativa ambiental en Chile. Lo anterior se efectuó sin tomar en consideración todos los estudios técnicos que responsabilizan a Gasmar (planta de gas butano-propano), GNL Quintero (planta de gas natural), COPEC y Oxiquim (planta de almacenamiento de sustancias químicas) por estar asociadas a hidrocarburos en su operación regular, pero, sobre todo, a esta última por trabajar con el producto químico metilcloroformo, que está prohibido desde el año 2015 en Chile, producto que fue encontrado en cantidades excesivas en las comunas directamente afectadas.

En los últimos días hemos visto que la estrategia que siguió la cartera de salud consistió en bajarle el peso a las intoxicaciones. Fuimos testigos de cómo el ministro de Salud aseveró que los vecinos se habían sentido afectados por “olores ofensivos” que no necesariamente son tóxicos. A nivel local la situación también es crítica, pues las vecinas y los vecinos han denunciado una serie de irregularidades que estarían ocurriendo en los centros de salud de Quintero y Puchuncaví, donde no se ha querido reconocer el aumento de abortos espontáneos y a quien presenta síntomas de intoxicación se le está diagnosticando cualquier otro tipo de enfermedad común.

Todas las estrategias son despiadadas porque juegan con la vida de chilenas y chilenos, y generan la sensación de que la prioridad del gobierno está puesta en permitir que Fernando Barros, quien es el presidente del directorio de Oxiquin, abogado de Sebastián Piñera y ex socio del marido de la actual ministra de Medio Ambiente, pueda seguir lucrando con tranquilidad, y, además, aumentar sus utilidades mediante la construcción y operación de un nuevo muelle mecanizado multipropósito.

 

 

¿Crees posible avanzar en cambios desde la institucionalidad que garanticen una responsabilidad socio-ambiental favorable a la ciudadanía?

Las comunidades y territorios en conflicto siempre han creído que es posible lograr ciertos cambios desde la institucionalidad. Es más, ésta -con todas las falencias que tiene- ya nos ha permitido ciertas ganadas ambientales, y pongo como ejemplo la sanción de clausura definitiva del proyecto minero Pascua Lama por diversos incumplimientos ambientales.

En esa misma dirección, y entendiendo que en Quintero y Puchuncaví estamos ante una urgencia ambiental y social, creemos que la solución inmediata es el cese de faenas de todas las industrias contaminantes del territorio, mediante el uso de todas las facultades de inspección y sanción con las que cuentan los organismos de la administración del estado competentes. Además, hemos adherido a todas las demandas incluidas en los petitorios territoriales, entre los que se encuentran el inmediato inicio del proceso de cierre de las termoeléctricas a carbón, el cierre de la fundición Codelco, la detención del crecimiento del parque industrial y el aumento en la complejidad del Hospital Adriana Cousiño.

En el mediano plazo también se requieren reformas desde el congreso. Es necesario que sea una norma de rango legal la que establezca una prohibición absoluta a la instalación de nuevos proyectos contaminantes en todas las zonas de sacrificio ambiental (que como movimiento denominamos “territorios en sacrificio” y no es exactamente lo mismo que una “zona saturada”), así como la obligación de que todos los titulares de proyectos en operación en estas zonas se sometan a estrictas exigencias ambientales (en Quintero y Puchuncaví existen proyectos que ni siquiera tienen resolución de calificación ambiental) que obliguen a implementar tecnologías de punta.

Es también urgente que sea una norma de rango legal la que establezca los parámetros mínimos que deben seguir las normas de calidad ambiental de Chile, a través de una homologación normativa con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, para que así la salud de la población deje de estar al arbitrio del gobierno de turno.

 

 

¿Cuál es tu evaluación del proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) planteado por el gobierno y cómo crees que influya los vínculos empresariales de Carolina Schmidt, actual ministra del Medio Ambiente?

Esta reforma es un retroceso en todas sus dimensiones. Los objetivos, a priori, parecen ser positivos para el medioambiente, como lo es la reducción del componente político del SEIA, la ampliación de los espacios de participación ciudadana y el acceso igualitario a la justicia ambiental. Sin embargo,lo que en el texto se expresa es muy diferente, pues propone pasar de una politización regional a una politización centralizada, establece una participación temprana fuera del proceso que está a cargo del mismo titular (quien a toda costa quiere instalar su proyecto) e impone mayores exigencias a la interposición del recurso de invalidación, que es el principal instrumento que ha permitido el acceso a la justicia ambiental a los territorios, entre otras falencias. Por tanto, no hay que dejarse engañar por estas supuestas buenas intenciones, porque los reales objetivos del proyecto se encuentran plasmados en el Proyecto de Ley Pro-Inversión ingresado por el ejecutivo días antes, donde también se reforman distintas normas ambientales, pero con la clara finalidad de reducir los plazos de tramitación de proyectos extractivistas y aumentar la “certeza jurídica” del inversionista privado.

En cuanto a la figura de Carolina Schmidt, es importante aclarar que ella no es especialista ambiental, sino que es una ingeniera comercial y empresaria, que ha trabajado en empresas como ENEL y CCU. Si a eso le sumamos sus vínculos con el presidente del directorio de Oxiquim, que se destaparon en los últimos días, creemos que el propósito que está detrás de su nombramiento como ministra de Medio Ambiente es muy claro, y consiste en seguir velando por los intereses privados que buscan el crecimiento económico de sus bolsillos, a costa de sacrificar el derecho a la salud, la calidad de vida de la población y la protección del medioambiente.

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